El Ministerio de Desarrollo Social había solicitado al juez Ariel Lijo que no detenga el pago del programa mientras transcurre la investigación sobre posibles incompatibilidades en algunos casos.
En ese marco, el secretario general de ATE rionegrino, Rodrigo Vicente denunció "un sistema de grave explotación de trabajadores" y que el Gobierno provincial "abandona políticas que fueron rectoras en la administración pública".
