El juicio contra diez ex represores por el secuestro y desaparición de militantes montoneros entre 1979 y 1980 entró en su etapa final y el juez federal a cargo de la causa, Ariel Lijo, viajará a España para tomar declaración a una sobreviviente y luego emitirá veredicto.

Las audiencias públicas en las que se escuchó a testigos del caso finalizaron el viernes último al inicio de la feria judicial de invierno en el Palacio de Justicia porteño, por lo cual Lijo quedó ya en condiciones de dictar su fallo, con un plazo máximo de 40 días.

Antes, el magistrado viajará a España para tomar testimonio a la sobreviviente Silvia Tolchinsky, quien junto a otros militantes montoneros exiliados intentó volver al país entre fines de 1979 y principios de 1980 para participar de una bautizada "contraofensiva" contra la dictadura.

Todos fueron interceptados y secuestrados, en un hecho por el cual ahora se juzga al entonces general Cristino Nicolaides y a otros nueve acusados, en el primer juicio a una cúpula militar desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el 2003.

Junto a Nicolaides, están acusados los ex jefes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, coroneles Jorge Arias Duval, Pascual Guerrieri y Julio Bellene, entre otros.

El proceso se sustancia en base al viejo Código procesal penal, por lo cual no se trata de un juicio oral y público con un tribunal de tres miembros, sino de un proceso escrito con un único juez, Lijo.

El magistrado accedió sin embargo a un pedido para que las últimas audiencias de testigos fuesen públicas, que se concretaron desde el 10 de julio pasado en el Palacio de Justicia, en la misma sala donde se realizó el juicio a las ex Juntas militares de la dictadura.

Ahora Lijo tendrá 40 días para emitir un veredicto en la causa en la cual ya tiene un pedido fiscal de 25 años de prisión para los ex represores por asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, torturas y reducción a la servidumbre.

Además de los ex jefes militares se juzga a Santiago Hoya, Juan Carlos Gualco, Carlos Fontana, Waldo Roldán, Julio Héctor Simón y Antonio Simón.

Julio Simón ya fue condenado a prisión perpetua en otra causa por delitos de lesa humanidad y está detenido en la cárcel de Marcos Paz mientras que los demás acusados gozan de arresto domiciliario por ser mayores de 70 años.

La causa investiga lo ocurrido a Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Ángel Carvajal, Lía María Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker, además de Silvia Tolchinsky, única sobreviviente ya que todos los demás permanecen desaparecidos.

La investigación estuvo inicialmente a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado del caso por las objeciones recibidas por parte de la Cámara Federal a raíz de su decisión de detener a dos ex jefes montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.

El juez los acusó como supuestos partícipes necesarios del secuestro de los militantes, por haber sido los impulsores del operativo de vuelta al país, pero luego fueron liberados y esos cargos quedaron desestimados.