La Cámara Federal prepara un fallo donde avalará la condición de lesa humanidad de los crímenes cometidos por el grupo ultraderechista Triple A, en una decisión que será firmada una vez finalizada la feria judicial de invierno, informaron este sábado fuentes judiciales.

El fallo que emitirá la sala I del tribunal de apelaciones confirmará lo ya resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide, en una causa donde investiga los delitos cometidos por el grupo y en la que está pedida la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

Según anticiparon las fuentes a Télam, ya hay un borrador de voto preparado y a la firma de los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah, ya que el tercer integrante del cuerpo, Gabriel Cavallo, está excusado porque intervino como juez en instancias anteriores en la causa.

El tribunal de apelaciones considerará que la actividad de la Triple A fue un "preludio" de la represión ilegal en la dictadura y que muchos de sus miembros continuaron operando, luego, en grupos de tareas clandestinos, según las fuentes.

Además, acordará con Oyarbide al considerar que los crímenes son imprescriptibles porque fueron "orquestados desde el Estado" y cometidos bajo su amparo, un argumento similar al usado para con las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

De hecho, esta postura de la Cámara Federal fue anticipada ya en un fallo emitido el 19 de julio último, donde se dio por probado que el máximo referente de ese grupo fundado por el fallecido José López Rega, Anibal Gordon, actu• en el centro clandestino de detenci•n Automotores Orletti.

"Además de pesonal de la SIDE, intervenían agentes pertenecientes al Servicio de Información de Defensa, del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de la República de Uruguay, agentes de laTriple A y agentes de la Superindendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal", entendieron los camaristas.

En ese fallo se confirmó el procesamiento y prisión preventiva de ex represores, entre ellos de los acusados del asesinato de Carlos Santucho, el hermano del fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Todos los procesados están acusados de haber actuado en Orletti, un centro clandestino de detención que funcionó en el barrio porteño de Flores, de mayo a noviembre de 1976 bajo la órbita de la SIDE.

Pero la Cámara dio por probado que uno de los máximos referentes de la Triple A, Anibal Gordon, tuvo tareas jerárquicas en el lugar como mano derecha del entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia, Otto Paladino.

"Pudo establecerse la presencia de Aníbal Gordon en el lugar y su vinculación con la Secretaría, siendo uno de los que se habría presentado a alquilar el inmueble con falsa identidad".

Además, militares detenidos en la causa intentaron deslindar responsabilidades y vincularon "directamente a Aníbal Gordon y ’su gente’ -personal inorgánico- en el manejo del centro", concluyeron los camaristas.