Un fiscal solicitó a la Justicia Federal elevar a juicio oral la causa que se les sigue al ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti, y a otros represores que actuaron en los centros clandestinos de detención El Olimpo, Atlético y El Banco, informaron ayer fuentes tribunalicias.

El requerimiento fue realizado por el fiscal Federico Delgado ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa que involucra a Guglielminetti y a una docena de ex policías, ex gendarmes y a un ex integrante del servicio penitenciario, quienes actuaron en esos centros durante la última dictadura.

La solicitud alude a Guglielminetti y a los también procesados ex policías Samuel Miara, Juan Falcón, Raúl González, Eduardo Kalinec, Eufemio Uballes, Luis Donocik, Roberto Rosa, Oscar Rolón y Julio "el turco Julián" Simón; a los ex gendarmes Guillermo Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y al ex penitenciario Juan Carlos Avena.

En un dictamen de 40 carillas -al que tuvo acceso Télam- el representante del Ministerio Público analizó lo ocurrido en esos centros de detención y tortura, que el juez Rafecas parangonó con los campos de concentración del nazismo, durante la dictadura militar.

Delgado responsabiliza a cada uno de los involucrados por varias decenas de privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos, entre otros delitos que los tratados internacionales y la Corte Suprema de Justicia califican de "lesa humanidad".

El fiscal explicó "la gravedad de los hechos, la carga de violencia que entrañan y la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".

Sostuvo que "no se trata de una causa más, porque aquí se ventilan eventos que se corresponden con uno de los capítulos más oscuros de la historia".

En su pedido, el representante del ministerio público señaló que "se trató de una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder" en marzo de 1976 "con el deliberado objetivo de despolitizar y ’normalizar’ un momento de la historia que se percibía como ’amenazante’ para el orden social vigente".

"Se trató de la feroz penetración de un Estado que desnudó su poder coercitivo sobre la sociedad civil", dijo Delgado y añadió que "en la Argentina en la época que tratamos el soberano no era otro que la junta militar y sus dependientes jerárquicos".

La "perversa connivencia de un marco normativo ilegal y brutales prácticas que lo convertían en una fachada que velaba la crueldad y pretendía proporcionar una envoltura jurídica que aspiró a ocultar la naturaleza del régimen", también mereció el análisis del acusador.

El fiscal fundamento el pedido en la necesidad de juzgar a quienes "en forma coordinada y como parte de la ’maquinaria estatal del terror’ materializaron aquellas mandas de secuestrar, encerrar furtivamente, atormentar física y psíquicamente, eventualmente ’controlar’ tras la liberación y ’negar al otro’".

Describió luego pormenorizadamente la actividad que se cumplía en cada uno de los centros clandestinos de detención donde "la práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror" donde "los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas".

Añadió que los imputados "al implantar el terror en la mente de sus víctimas, neutralizaban cualquier posible entendimiento entre ellas que les permitiera ofrecer respuestas coincidentes a los interrogatorios a que serían sometidos".

A Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", le imputó 75 casos de secuestros y torturas, 56 de ellas agravadas; a Miara, Rosa, González, Kalinec, Falcón, Uballes, Donocik y a Rolón los responsabilizó por los mismos delitos en 25 oportunidades; a Simon por 23 hechos y a Cardozo, Pereyra Apestegui y Avena, por 14 veces.

Delgado sostuvo que "la estructura del ’Proceso de Reorganización Nacional’ en la denominada ’Lucha Antisubversiva’ construyó una maquinaria perfectamente delimitada, jerárquica y organizada, a través de Zonas, Subzonas, Areas y subáreas cada una de las cuales tenía asignada una estructura militar responsable".

"A la vez fueron implementados distintos grupos de tareas de todas las fuerzas armadas y de seguridad, que operaban desde los diversos centros clandestinos de detención desde los cuales se llevó a cabo el secuestro, la tortura, la desaparición, a menudo el robo y finalmente la muerte", añadió.