La Corte Suprema reconoció el derecho de una mujer a cobrar una indemnización por la muerte de su nieta nonata, debido al homicidio de su madre, cuando llevaba casi nueve meses de embarazo, durante la última dictadura militar.

La Corte consideró probado que Ana María del Carmen Pérez, hija de la demandante, fue víctima de homicidio por parte de las fuerzas de seguridad en setiembre de 1976 cuando, privada de su libertad, se hallaba con un embarazo "a término".

Expertos de Antropología Forense determinaron que los restos óseos de un nonato fueron hallados asociados en la zona pelviana de los restos exhumados individualizados como pertenecientes a Pérez, que falleció como consecuencia de una herida de arma de fuego en esa región del cuerpo.

Contra el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la demanda, la Corte afirmó que cuando la ley 24.411 -que estableció la indemnización por desaparición forzada de personas u homicidios por el accionar represivo previo a diciembre de 1983- menciona a "causahabientes", incluye a parientes del muerto, "víctimas" del hecho.

Por unanimidad, el máximo tribunal señaló que en estos casos los familiares del muerto tienen derecho a la indemnización "por su propio derecho" y no como herederos del fallecido.

La Corte indicó que la abuela es "causahabiente" de la beba fallecida que estaba a punto de nacer y recordó que el Código Civil define como personas a todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y que son tales las que "no habiendo nacidas están concebidas en el seno materno".