que, bajo el control de los intendentes, saldrán a la calle a defender el orden y la seguridad. Como aparecieron grupos como la Guardia Nacionalista, con uniformes que recordaban a los nazis, el texto definitivo impone que los patriotas no usen uniformes ni armas y que se limiten a avisar a la Policía si advierten que algo no va como debe.

Pero las protestas crecen e intelectuales encabezados por el premio Nobel de Literatura Dario Fo y los escritores Antonio Tabucchi y Andrea Camillieri lanzaron un llamado "contra el regreso de las leyes raciales en Europa". Recordaban las siniestras leyes contra los judíos de 1938 de la dictadura de Benito Mussolini.

El Senado aprobó ayer definitivamente la ley que el Partido Democrático, el principal de la oposición, consideró "un daño para el país", mientras que el primer ministro Silvio Berlusconi dijo que las nuevas normas servirán para "aumentar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos".

La Ley de Seguridad fue aprobada por el Senado con 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones, después de que el gobierno, que tiene mayoría absoluta en las cámaras, impuso el voto de confianza para impedir un debate que hubiera sido incandescente sobre las duras normas contra los inmigrantes.

En Italia hay un creciente clima de xenofobia que todos los días produce incidentes muchas veces no denunciados. La crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo.

Se estima que en la península hay unos 600 mil inmigrantes indocumentados.

De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10 mil euros, unos 14 mil dólares. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28 mil aprobadas el año pasado.

Los centros de permanencia se convertirán en centros de identificación y expulsión. La estadía máxima pasa de 2 a 6 meses, para completar las medidas de expulsión, que actualmente quedan incompletas.

Un funcionario público está obligado a denunciar al indocumentado que quiere hacer un trámite. Las protestas, incluso en la Unión Europea y ante los organismos de derechos humanos, forzaron al gobierno Berlusconi a retirar del proyecto la obligación para médicos de los hospitales y directivos de las escuelas de denunciar a los pacientes o alumnos indocumentados.

Los inmigrantes sin papeles no podrán acceder más a los servicios públicos. Los chicos no podrán ser inscriptos en las escuelas si sus padres no presentan sus permisos de residencia. Este permiso será obligatorio para registrar a los recién nacidos, por lo que se anuncia la difusión de los llamados "niños invisible", como ocurrió en otros países europeos. Tampoco podrán casarse.

El permiso de residencia y la adquisición de la ciudadanía italiana, para la que hacen falta diez años de residencia legal, deberán ser pagadas: costarán entre 80 y 200 euros cada una., indica el diario Clarín.

Quién favorece el ingreso de clandestinos arriesga hasta 15 años de cárcel y el que alquila un apartamento a un extranjero irregular puede ir hasta tres años a la cárcel. Además de crear las patrullas ciudadanas que se llamarán "voluntarios para la seguridad", la ley autoriza lo que hasta ahora estaba prohibido en Italia: la venta de sprays de autodefensa con material irritante para los ojos.

Por otro lado la ley hace más duro el régimen carcelario para los mafiosos. La cárcel especial pasa de dos a cuatro años y los diálogos con los familiares serán todos grabados. También se establecen medidas para las empresas cómplices de los mafiosos.

Otra medida dura y popular consiste en mandar hasta tres meses a la cárcel a los que pintan grafitis e imágenes artísticas en las paredes y los vagones.

También se establece un registro nacional de linyeras para controlarlos y se agravan las penas contra los automovilistas borrachos o drogados. Hasta veinte mil personas por año podrían perder el permiso de conducir, indica el diario Clarín.