En enero el gobierno porteño eliminó el sistema de fotomultas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y desde entonces no se sanciona el exceso de velocidad, una falta grave que no se está penando por falta de tecnología propia para llevar adelante el control de tránsito.

El ejecutivo que conduce Mauricio Macri dio por concluido en enero el contrato con las empresas Meller y Siemens-Itron, que estaba vencido desde hacía casi dos años. Desde entonces, analiza si convoca a una nueva licitación o se hace cargo del servicio con personal propio con el equipamiento técnico adecuado, según confió a Página/12 un funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad.

Desde que dio de baja el sistema de control fotográfico de infracciones, el gobierno porteño lo reemplazó por la intervención del Cuerpo de Agentes de Tránsito que, en conjunto con la Policía Federal, sancionan las faltas en la vía pública con metodologías alternativas.

Cuando estaban en vigencia las multas fotográficas, desde un puesto fijo se disparaban las fotos cuando los vehículos pasaban con luz roja. De la misma manera se hacía el control de exceso de velocidad: con puestos fijos o radares móviles, que circulaban por avenidas y autopistas, y registraban imágenes de los móviles que circulaban a una velocidad superior a la permitida. Esa tecnología es difícil, si no imposible, de reemplazar por métodos manuales, salvo que el exceso de velocidad sea demasiado notorio.

La no sanción de esta falta grave puede verse en las estadísticas de las actas labradas por los agentes de control de tránsito en marzo último: la infracción más sancionada es cruzar una bocacalle con luz roja: el 36,5 por ciento del total; le siguen los que fueron sorprendidos utilizando un teléfono celular o un aparato de audio cuando conducían (29 por ciento); los que doblan en lugares donde está prohibido (14 por ciento) y los que no utilizaban cinturón de seguridad (7,5 por ciento). Ninguna de las faltas corresponden a exceso de velocidad.