05/12/2019 Ecuador

Molestia con la ONU por su informe sobre las protestas de octubre

El informe "contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos", dijo un comunicado firmado por el canciller, José Valencia.

El gobierno de Ecuador expresó su malestar con un informe de la ONU sobre las protestas que hubo en octubre en el país, del que dijo que "no refleja en su real dimensión" lo que ocurrió.

El informe "contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos", dijo un comunicado firmado por el canciller, José Valencia. La nota se refiere al informe preliminar que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) difundió el viernes pasado.

Según Valencia, el reporte del Acnudh "pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública", recogió la agencia de noticias EFE. En cambio, "muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos".

El viernes, después de que una misión del Acnudh visitara Ecuador, el organismo emitió un comunicado en el que afirmó que recogió denuncias de detenciones arbitrarias y de uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de esos casos.

Aunque transmitimos a la misión los dramáticos efectos de la violencia, vemos con desaliento que el comunicado no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y su impacto social

José Valencia

El ministro aseguró que durante las protestas "la fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema".

Entre el 3 y el 13 de octubre, Ecuador vivió protestas violentas contra medidas de ajuste económico dispuestas por el gobierno del presidente Lenín Moreno -luego derogadas-, que dejaron ocho muertos y 1.340 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
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