17/06/2019 elecciones 2019

Colectoras, financiamiento, voto postal y Parlasur: lo electoral que se dirime en la Justicia

La posibilidad de utilizar la herramienta de las colectoras, la inclusión de las empresas como aportantes para las campañas, el voto vía correo postal para los argentinos residentes en el exterior y la categoría parlamentarios del Mercosur, son las cuatro cuestiones electorales que se dirimen actualmente en la Justicia, de cara a las próximas PASO y a las generales de octubre.


La posibilidad de utilizar la herramienta de las colectoras, la inclusión de las empresas como aportantes para las campañas, el voto vía correo postal para los argentinos residentes en el exterior y la categoría parlamentarios del Mercosur, son las cuatro cuestiones electorales que se dirimen actualmente en la Justicia, de cara a las próximas PASO y a las generales de octubre.

De esos cuatro temas, los cuestionamientos a la posibilidad de que los argentinos que viven de manera permanente en el exterior sufraguen a través del correo postal serán los primeros que tendrán una respuesta definitiva por parte de la Justicia, pues se trata del único aspecto que ya se encuentra bajo análisis de la Cámara Nacional Electoral, según consignaron a Télam fuentes tribunalicias.

No obstante, esta definición no está urgida por los tiempos que marca el cronograma electoral, dado que la posibilidad de que los 360.000 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar participen efectivamente de los comicios se circunscribe, según las leyes, únicamente a octubre y excluye la alternativa de sufragar en las PASO.

Los cuestionamientos al voto vía correo postal, una modalidad habilitada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 45/2019 de enero pasado, fueron planteados por un grupo de legisladores opositores (en ellos las diputadas Graciela Camaño y Cecilia Moreau) y por una ONG bonaerense, la Ajus La Plata, Berisso y Ensenada.

El expediente que primero llegó a la máxima instancia judicial en materia electoral y ya se encuentra bajo análisis de los camaristas, fue la de los legisladores, que derivó en una declaración de inconstitucionalidad de la norma del PEN dictada por la jueza María Romilda Servini y una apelación por parte del Ejecutivo, que, en paralelo, trabaja a pleno en los detalles para la implementación de esta nueva modalidad.

En lo que atañe a los planteos tendientes a restablecer las colectoras (que permiten que un mismo binomio presidencial aparezca en varias listas de candidatos a cargos legislativos), estos quedaron en 'stand by' hasta tanto quienes impugnaron judicialmente el decreto de abril pasado -que prohibió su uso- puedan exhibir una afectación concreta de sus aspiraciones.

Así surge, según pudo saber Télam, de dos resoluciones judiciales dictadas en la misma línea, que rechazaron 'in limine' los planteos por no existir una afectación concreta de derechos, con lo cual este tema sólo podrá volver a moverse judicialmente si alguno de los espacios políticos no puede anotar sus listas de precandidatos como desea, ante el vencimiento del plazo el próximo 22 de junio.

A esas dos cuestiones electorales que llegaron a los estrados judiciales se suma una tercera, que es un planteo realizado por el PJ a nivel nacional que, a través de sus apoderados, pidió a la Justicia que ordene al Ejecutivo sumar la categoría de representantes para el Parlasur en el llamado a las próximas elecciones.

En este sentido, si bien el dictamen del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello había atendido el reclamo de los peronistas, luego, en un fallo de primera instancia dictado el miércoles último, la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini, rechazó el planteo y avaló así la decisión del Gobierno de excluir este rubro del llamado a elecciones.

A esos expedientes en curso se sumó en los primeros días de junio un recurso de amparo presentado por el Frente de Izquierda contra la última modificación parlamentaria incorporada a la ley de financiamiento de los partidos políticos, por la cual se habilitaron los aportes de empresas a las campañas.

En esa presentación, que ahora es analizada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 6 de la Capital Federal, Enrique Lavié Pico, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la ley y que, además, se suspenda su aplicación para la próxima campaña electoral.