15/03/2019 Buenos Aires, Argentina

Criminalidad econmica y financiamiento de partidos polticos

El debate en el recinto del Senado del proyecto de ley que busca transparentar los aportes a los partidos políticos volvió a ser pospuesto, luego de que los senadores del oficialismo y oposición resolvieron la postergación para terminar de pulir la redacción y definir algunos cambios. Al respecto opinó para Télam el abogado Nicolás Macchione, miembro del Comité directivo del Centro de investigación y prevención de la criminalidad económica (CIPCE).

Nicols  Macchione

Por Nicols Macchione

Explicar y dar a entender los problemas del financiamiento de los partidos políticos y sus implicancias es uno de los mayores desafíos de los estudiosos de la criminalidad económica. Si a ello le agregamos la gran desprolijidad de nuestros representantes y la complejidad de la temática se hace un cóctel difícil de digerir.

Por ello recomendamos la realización de un ejercicio platónico de buscar los conocimientos ya adquiridos en el pasado y trataremos de sistematizarlos en tres momentos.

En primer momento se dio hace más de 30 años cuando se estuvo ante la necesidad de transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Por la gran desconfianza de los primeros años de la vuelta a la democracia, la falta de pluralidad partidaria y la espuria relación entre empresas contratistas del estado y los gobiernos se comenzó a exigir entre otras cuestiones, mayores recaudos en lo que se denomina aportes de campaña.

El segundo momento es de hace unos 15 años atrás, cuando se comenzó a gestar la ley vigente (Nº 26.215). Se dio el mismo génesis, escándalos de corrupción, y mismo fin, la búsqueda de transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Se regulo la imposibilidad taxativa de que los sindicatos y las empresas privadas hagan aportes de campaña, se fijaron sanciones y se exigió la presentación de los balances de los números de la campaña a los partidos políticos, etc..

El tercer momento es la actualidad, en donde después de varios escándalos relacionados al financiamiento de campañas políticas nos encontramos ante un nuevo debate. Quizá en este caso no se quiera recordar, y los gustos personales nos hagan acordar de uno más que otros, pero hubo varios.

El primer último gran escándalo fue por el financiamiento de las prestadoras médicas (año 2009). Otro fue el descubrimiento de aportes de empresas que a la postre fueron beneficiadas con licitaciones multimillonarias (año 2011). El último fue por grandes aportes de campaña por parte de personas sin capacidad contributiva, o personas que decían no haber aportado el dinero declarado por el apoderado del partido político (año 2015).

En los 3 "escándalos" se observa: la intención de no transparentar que empresas privadas financian partidos políticos. Ahora, vale recordar que para financiar tienen que gastar y el gasto no puede aparecer en sus balances, por lo que no está declarado. Allí está el quid de la cuestión: estamos ante la misma moneda. De un lado la cara pública o del Estado, del otro la cara privada o de la empresa.

En fin, siempre tuvimos empresas que aportan a campañas y lo principal que se está tratando es la permisión o no. Nosotros creemos que regular y permitir los aportes a campañas políticas por parte de empresas es no solo dar por pérdida la lucha por una pluralidad partidaria y bajar los guantes a la lucha contra la corrupción, sino que, además, demuestra que la desconfianza de los ciudadanos siempre fue justificada.

Quizá la importancia de este punto y desde donde nace nuestra posición, no sea suficiente, y por ello conviene recordar los dos principios de la temática.

El primero es entender la corrupción como un reflejo de un problema mayor: la criminalidad económica. La misma en nuestra región exhibe un fenómeno que se puede describir como una captura institucional del Estado por parte de grupos económicos.

Para una aproximación al lector, creemos útil comenzar con nuevos ejercicios de memoria y recordar titulares de diarios. Seguramente no tardara en ubicar noticias que hablen sobre investigaciones por administración fraudulenta, coimas, enriquecimiento ilícito, cartelización de la obra pública y otros relacionados con funcionarios. En otros casos encontramos titulares que se vinculan al mercado, así recordaran casos de evasión, infracciones contra la lealtad comercial, intermediación financiera, y el común de ambos lados del mostrador (funcionarios/empresas): el lavado de dinero. Unos con otros están íntimamente relacionados, y una conexión es por el financiamiento de los partidos políticos.

El segundo punto es el impacto de estos delitos. Esto lo denominamos daño social. Así, el dinero producido por el delito no termina siendo utilizado con buenos fines, y si lo es, en general, no es aplicado en el mismo país de origen. Entender esto tiene grandes dificultades. Esta dificultad entre otras cuestiones proviene de que las instituciones no realizan estudios, y la ineficiencia judicial para el recupero de activos.

En conclusión, desde la lucha contra la criminalidad económica no solo se ve con preocupación los posibles cambios, sino que también advertimos ideas que no están siendo tratadas como el estudio pormenorizado de los aportes de campaña en el momento, sanciones para empresas que realicen aportes de forma encubierta y tantas otras medidas posibles que busquen efectivamente luchar contra la corrupción y no legalizarla.



(*) Abogado. Miembro del Comité directivo del Centro de investigación y prevención de la criminalidad económica (CIPCE), coordinador del Área de Criminalidad Empresaria.