27/10/2018 Espaa

Catalua sigue dividida a un ao despus de su fallida declaracin de independencia

Los independentistas y los partidarios de la unidad debaten mientras los líderes del movimiento están encarcelados.



Los independentistas de Cataluña están cada vez más impacientes, siguen presionando, y mañana -fecha aniversario- exigirán al gobierno de Quim Torra que publique en el Boletín Oficial la Declaración de independencia del 27 de octubre pasado, para hacerla efectiva.

Del otro lado, los defensores activos de la unidad continúan en alerta, esperando cualquier movimiento en falso para reaccionar.

Y en el medio, incómodos y aislados políticamente, se encuentran todos aquellos que reniegan de las banderas, rechazan la agitación separatista (y nacionalista), pero esperan ansiosos que se produzca algún cambio.

Para denunciar el encarcelamiento de sus líderes, a los que consideran "presos políticos", los independentistas llevan un año colocando lazos amarillos en la vía pública, en parques, playas, balcones e instituciones públicas. Sus detractores salen a retirarlos.

Esta disputa por el espacio público escaló el último verano europeo, y tuvo un episodio que hizo saltar las alarmas, cuando una mujer de origen ruso fue agredida al retirar lazos en el parque de la Ciudadela. Era la señal más visibles de la tensión social, que también se manifiesta en los grupos de WhatsApp de amigos, en reuniones sociales, en el trabajo o en las comidas familiares.

"No se puede negar que la polarización se intensificó con el proceso de secesión, pero Cataluña estuvo siempre dividida en cuestiones de identidad nacional, aunque era algo mucho menos relevante en política", asegura el politólogo Lluis Orriols.

Al volver la mirada atrás, muchos en Cataluña se preguntan si llegar tan lejos valió la pena, y pocos lo tienen tan claro como el ex presidente Carles Puigdemont, quien pagó el costo de ser destituido y huyó a Bélgica para evitar la acción de la Justicia, que lo acusa de rebelión.

Hay independentistas que defienden que fue un punto de inflexión, que Cataluña se desconectó de España y que ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, los hechos cuestionan esto.

"La declaración fue esencialmente simbólica, no tuvo efectos políticos. En términos de construcción de la República no se dieron los pasos esenciales: no se bajó la bandera española, no se envió a la policía a apropiarse de recursos del Estado", explica Orriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.

El mismo día de la declaración de independencia, el gobierno español presidido por el conservador Mariano Rajoy aplicó al artículo 155 de la Constitución que lo autorizaba a intervenir el gobierno autonómico de Cataluña, lo que constituía todo un hito desde el regreso de la democracia.

Puigdemont fue cesado y se convocaron elecciones anticipadas para el 20 de diciembre. De esta forma, la secesión no llegó a consumarse. Ningún país del mundo reconoció la República catalana, con lo que el Ejecutivo español había logrado frustrar el plan del gobierno catalán.

"Decían que tenían adhesión internacional y se comprobó que no era así", recuerda el politólogo, quien señala que ésta fue una de las razones por las que los independentista no tuvieron intención de avanzar más allá de lo simbólico.

La intervención de la región era un tema tabú, porque atacaba un elemento clave de la democracia española como es el gobierno autonómico (descentralizado). Por eso, Rajoy no estaba dispuesto a aprobarla sin el apoyo del opositor Partido Socialista (PSOE).

"El 155" fue una intervención de "máximos" en términos de control del gobierno regional (porque abarcó prácticamente todas las competencias), pero de mínimos en términos temporales. Desde el Ejecutivo central se mostró fortaleza y se dejó claro que a nivel político no iban a tolerar este tipo de aventuras unilaterales.

En los comicios del 20 de diciembre los independentistas revalidaron su mayoría, lo que supuso un aval pero también la constatación de la polarización.

La medida de excepción finalmente se levantó de forma automática el 2 de junio, tras la toma de posesión de Torra, tras otros seis meses de tensión en los que los secesionistas intentaron sin éxito nombrar a Puigdemont y otros líderes que estaban en prisión.

Con la llegada del socialista Pedro Sánchez a La Moncloa- gracias a una moción de censura que apoyaron los propios secesionistas- el pasado 18 de junio, el clima político se distendió, pero las posiciones entre Barcelona y Madrid siguen sin acercarse, especialmente respeto a la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación.

Puigdemont y Torra volvieron a pedir a la UE una "mediación" para lograr un referéndum, luego de denunciar que se avale el "uso de la fuerza y la represión" ejercida por España, según un artículo publicado hoy en la revista Newsweek.

"La situación actual es de enquistamiento. Por un lado, el PP, Ciudadanos y la extrema derecha compiten agitando el nacionalismo (español), lo que deja poco margen al PSOE, en un contexto en el que la justicia maneja los tiempos", advierte Orriols.

Una muestra de ello es que el gobierno español ya expresó su desacuerdo con las acusaciones de rebelión contra los secesionistas, cuyo juicio está previsto para enero de 2019, un año electoral.





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