06/10/2018 Encuentro

La CIDH recibi a familiares y abogados de represores de la dictadura

La delegación argentina fue recibida en Colorado, Estados Unidos; en el marco la realización del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió por primera vez a familiares y abogados defensores de represores de la dictadura militar, que le plantearon una queja por la denegatoria a las detenciones domiciliarias a mayores de 65 años.

La reunión se realizó en Boulder, Colorado, Estados Unidos, donde la CIDH celebró su 169 Período de Sesiones, con la participación de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Puentes para la Legalidad, esta última integrada por familiares de imputados en causas de lesa humanidad.

Los abogados, en un comunicado difundido este sábado, informaron que expusieron sobre "la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores" y sobre "el exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones" a ex militares "con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes".

La delegación estuvo integrada por Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes fueron atendidos por los Comisionados Luis Ernesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva adjunta.

Por el Estado argentino estuvieron la embajadora ante la OEA, Paula Bertol; Ramiro Badía, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH, y Agustina Durruty, del Ministerio de Justicia.

En tanto, los familiares informaron que la reunión, que no tiene efectos resolutivos ni implica prejuzgamiento, duró 45 minutos, en la que se hizo eje "en las denegatorias de arresto domiciliario de 255 personas mayores de 65 años, de los cuales 120 son incluso mayores de 70. También de 731 personas que están privadas preventivamente de la libertad, excediendo los tres años de plazo máximo legal para esta medida precuatoria".

Agregaron que "de estos, más del 50 % ni siquiera fue sometida a juicio" y además aseguraron que esta situación "le ha costado la muerte a 431 personas de las cuales el 95 % estaba en prisión preventiva y el 55% todavía no había tenido juicio".Indicaron que presentaron informes estadísticos, casos testigos, fotos y videos como pruebas de los hechos denunciados.