04/10/2018 Ciudad de Buenos Aires

Reforman el Cdigo Procesal Penal para agilizar los procesos judiciales

Entre los cambios se destacan la agilización del proceso penal "mediante la concentración de actos procesales, oralidad y plazos" y el uso de medios digitales como video conferencias y notificación electrónica.



La Legislatura porteña reformó este jueves el actual Código Procesal Penal de la Ciudad para agilizar los procesos judiciales, y estableció nuevos plazos y modalidades para la actuación de los jueces, fiscales y defensores durante el período de investigación de un delito.

La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue sancionada por 34 votos a favor, provenientes del bloque Vamos Juntos, y 24 negativos, de la totalidad de las bancas de la oposición.

El proyecto de 69 artículos introduce cambios al Código sancionado en 2007, para "modernizarlo" y preparar a la Ciudad para el momento en que reciba la transferencia de delitos de competencia nacional, como establece un convenio firmado entre ambas jurisdicciones.

Fija que el juez podrá tener 48 horas de plazo -y no 24 como hasta ahora- para determinar la prisión preventiva o la libertad de un imputado; y determina que el detenido recuperará la libertad desde el Ministerio Público Fiscal y no desde la comisaría como hasta el momento.

Suma un nuevo artículo que propone el patrocinio gratuito a las víctimas de un delito durante el proceso penal, tal como realizan los defensores oficiales con los investigados.

Agrega que el Ministerio Publico Fiscal podrá solicitar al juez, en el período de búsqueda de medidas probatorias, las tareas de un "agente encubierto" y "agente revelador" que aplicará la Policía de la Ciudad.

El proyecto original enviado por la gestión porteña contenía la habilitación, para ese proceso, de una "vigilancia acústica". Habilitaba "escuchas y grabaciones a través de medios técnicos de las conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores" y "vigilancia remota" sobre equipos ordenadores y dispositivos electrónicos.

Pero este apartado fue retirado a última hora. Había recibido cuestionamientos tanto de algunos miembros del oficialismo como de toda la oposición, que lo consideró una invasión a la privacidad de los investigados.

El legislador del Vamos Juntos que preside la Comisión de Justicia, Daniel Presti, calificó lo sancionado como "un buen proyecto que sigue avanzando hacia una Justicia que tenga los elementos y las normativas conforme a lo que la realidad exige"; mientras que el diputado Claudio Cingolani dijo que "este nuevo código es avance de importancia respecto de las garantías de todos".

En cambio, para la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman "ataca libertades individuales y tiene como eje implementarse en la Ciudad de Buenos Aires para espiar a quienes habitan y transitan por ella, que es el epicentro de la protesta social".

En tanto la legisladora peronista María Rosa Muiños consideró grave "no sólo la aprobación, sino que el oficialismo lo haya sancionado sin el acompañamiento de la oposición y sin escuchar las objeciones planteadas".

Uno de los cuestionamientos, de hecho, vino del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, quien señaló que la reforma conlleva "graves restricciones a la libertad personal, además de limitar, injustificadamente, el derecho a la asistencia y la defensa en juicio". Asimismo, la calificó de "regresiva" y aseguró que "el objetivo es alejar a la defensa pública de las comisarías".