04/06/2018 opinin

Un cambio necesario para la administracin pblica en la provincia de Buenos Aires

En marzo pasado, la Legislatura bonaerense prorrogó la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia, con la finalidad de paliar el grave déficit en estas materias. Con esta premisa, la gobernadora María Eugenia Vidal avanza en el diseño de un proyecto de ley cuyo objetivo será la actualización integral del procedimiento administrativo en todo el territorio bonaerense que data de 1970. Al respecto opinó para Télam el abogado Diego Isabella, director del Instituto de derecho de acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

Diego Isabella

Por Diego Isabella

Venimos sosteniendo desde hace tiempo la necesidad que los poderes constituidos de la democracia, en este caso la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, asuman los desafíos normativos pendientes desde hace décadas.

La gobernadora María Eugenia Vidal suele decir que quiere ser recordada como la gobernadora que hizo lo que hay que hacer. Siguiendo esa lógica, recientemente ha creado una comisión para la reforma al decreto ley 7647/70 de procedimiento administrativo provincial, norma que enmarca y delimita la actuación administrativa de la provincia, y sus entes descentralizados, regulando aspectos centrales tales como los actos administrativos, la forma en que los ciudadanos pueden impugnarlos, efectuar peticiones, acceder a los expedientes administrativos. Dicha regulación impactará favorablemente, ni más ni menos, en uno de los resortes principales del control de legalidad que sobre la actividad estatal pueden ejercer los miembros de la sociedad civil. Los ejes rectores que la Gobernadora ha fijado por el decreto 661/17 y, que deben ser contemplados en el anteproyecto de ley que la comisión debe entregarle, son: la garantía de la tutela administrativa efectiva, la optimización de los recursos públicos, la racionalidad administrativa, la accesibilidad, la tecnología, la transparencia de la gestión pública y la participación ciudadana.

La comisión para la reforma legal, que tengo el honor de integrar con otros destacados profesores y funcionarios, se encuentra en la órbita de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Fernanda Inza, y está presidida por el Asesor General de Gobierno Patricio Blanco Ilari. El plazo con que cuenta la comisión es de un año para elevar un anteproyecto de ley que proponga las modificaciones necesarias a dicha norma.

La modificación de este viejo decreto ley de facto del año 1970, resulta de vital importancia para lograr una más eficiente administración, y agilizar los trámites y peticiones de los ciudadanos, de manera de permitir ahorrar tiempo, y recursos en ello. También permitirá dotar de mayor transparencia y accesibilidad a los procedimientos de la administración pública provincial, modernizando a través de los medios tecnológicos la tarea propia de cada organismo, ampliando así el control de los ciudadanos en la actuación administrativa.

Regular el procedimiento administrativo es una vieja deuda de la democracia, incluso en Nación donde rige aún en nuestros días, el viejo decreto ley de facto número 19.549, del año 1972.

Es relevante que los gobernantes den señales como éstas, asumiendo el enorme desafío de propiciar los cambios normativo que exigen la realidad, los avances tecnológicos, y los mayores derechos y garantías que surgen tanto de la Constitución Nacional como la Provincial, ambas modificadas en 1994, como así por aplicación de los tratados internacionales mencionados en la cláusula del artículo 75 inciso 22, a los cuales se les asigna jerarquía constitucional.

Es de esperar que, al momento de tratar estos temas, las fuerzas políticas interpreten que regular de un modo serio y responsable este tipo de normas, no es algo coyuntural, ni de conveniencia de unos y otros, sino que es permitir forjar las bases para una mejor y más moderna administración de los cometidos públicos de la provincia de Buenos Aires, y con ello, resguardar el interés de todos, ahora y por muchos años seguramente.


(*) Abogado. Director del Instituto de derecho de acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.