14/03/2018 crisis

El Brexit enfrenta a los gobiernos de Reino Unido y Escocia

Desde el referéndum de 2016, el gobierno escocés -que apoyó mayoritariamente la permanencia- amenaza con promover una segunda consulta separatista, tras la que perdió en 2014.

Las negociaciones sobre el Brexit han aumentado el distanciamiento entre el Gobierno británico y el escocés hasta el punto de estar a las puertas de una crisis constitucional, que puede dar alas al Partido Nacionalista Escocés (SNP) en su petición de un nuevo referendo de independencia.

El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, presentó un proyecto de ley que traspondrá el cuerpo legal comunitario a la legislación británica una vez fuera de la Unión Europea (UE), lo que implica que algunas competencias serán derivadas a las regiones autónomas. La cuestión que genera tal desacuerdo es cuántas.

Los parlamentos de Escocia y Gales quieren gestionar en su totalidad las 111 competencias derivadas desde Bruselas, pero hay 24 en materia de agricultura, pesca, medio ambiente, política alimentaria y contratación pública que Londres quiere retener para crear un marco general con aplicación en todo el territorio.

Estamos en medio de una crisis constitucional sin precedentes

Akash Paun, analista del grupo de pensamiento británico Institute for Government.

"Estamos en medio de una crisis constitucional sin precedentes. En política todo puede pasar, pero veo bastante difícil que se logre un acuerdo, porque las dos partes no están dispuestas a mover sus posicionamientos.", dijo Akash Paun, analista del grupo de pensamiento británico Institute for Government, a la agencia de noticias EFE.

El tira y afloja entre la Administración central y las regionales es tal que los parlamentos autónomos están tramitando su propia ley de devolución en un movimiento que podría crear "una ruptura nunca vista, no solo en las relaciones, sino también en el entendimiento de las reglas del juego", opinó Paun.

Las cámaras autónomas no tienen potestad para vetar la ley de devolución general, por lo que el Parlamento británico puede tramitarla aunque las negociaciones no arrojen frutos.

"Sería muy controvertido que Westminster decidiese tramitar la ley unilateralmente, porque podría llevar el asunto a los tribunales y, por supuesto, se aprovecharía para hacer campaña por la independencia", explicó el experto.

Desde la victoria del Brexit en el referéndum de 2016, el Gobierno de Escocia -que apoyó mayoritariamente la permanencia- ha amenazado con promover una segunda consulta separatista, tras la que perdió en 2014, cuando un 45% votó a favor de la independencia frente al 55% que optó por permanecer en el Reino Unido.