08/03/2018 Bolivia

El acoso es el lado amargo de la paridad para las mujeres polticas

Pese a los avances, el país conserva una sociedad profundamente patriarcal, en la que siete de cada 10 mujeres sufren en su vida algún tipo de violencia, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

Por Marianela Mayer


En Bolivia, las mujeres ganaron en los últimos años un importante espacio político gracias a una innovadora legislación, que hace que el Parlamento boliviano tenga la mayor paridad de género de América Latina, pero a la vez sacó a la luz el acoso que padecen las mujeres políticas, sobre todo en el interior del país.

Pese a los avances políticos, Bolivia conserva una sociedad profundamente patriarcal, en la que siete de cada 10 mujeres sufren en su vida algún tipo de violencia, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.

"El patriarcado en términos de la sociedad es lo mismo que la colonización, para luchar contra ellos y romper definitivamente con ellos hacen falta procesos muy largos", señaló a Télam la presidenta de la Cámara de Diputados boliviana, Gabriela Montaño, una de las mujeres fuertes del gobierno de Evo Morales.



El incremento de la presencia femenina en la política boliviana se debe a la ambiciosa reforma laboral de 2010 que instaló las denominadas listas cremallera, un complejo sistema que obliga a los partidos a presentar listas paritarias en todos los niveles territoriales, algo inédito en el mundo.

Gracias a esta normativa, las mujeres representan un 51,8% de las dos cámaras legislativas nacionales, un 45% de los escaños de las nueve asambleas departamentales y un 51% del total de concejales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta representatividad convierte al Parlamento boliviano en el más paritario de América Latina y en el segundo del mundo, detrás de Ruanda.

"La paridad traduce en términos de participación política lo que sucede en la realidad de las calles. Hoy en América Latina las mujeres representan poco más del 50% de la población y la paridad asume esa realidad", defendió Montaño.
Pero la aplicación de la ley está limitada al ámbito legislativo, y la brecha entre hombres y mujeres vuelve a abrirse en los poderes ejecutivos.

Si bien Morales nombró un gabinete paritario en 2010, desde el año pasado sólo hay cuatro ministras en un gobierno con 20 carteras. Y el dominio masculino se repite tanto a nivel regional, donde no existe ninguna gobernadora, como en el local, en el que apenas hay 29 alcaldesas en los 339 municipios existentes.

Ser mujer y política en un ámbito que tradicionalmente estuvo controlado por los hombres, no es además tarea fácil.

"Tenemos todavía muchas dificultades y barreras que enfrentar para poder hacer política", admitió la presidenta de la Cámara baja, en donde han creado una comisión multipartidaria para tratar las denuncias de acoso de las legisladoras.

El acoso se volvió una constante para las políticas bolivianas, tal como lo refleja un informe del Tribunal Supremo Electoral que señala que seis de cada 10 mujeres políticas sufren algún tipo de hostigamiento. 

Aunque las formas del acoso son múltiples, uno de los casos más habituales son las presiones que sufren diputadas y concejalas para abandonar sus cargos y dejar lugar a sus sustitutos, que por ley son siempre hombres.

Las situaciones más extremas suelen darse a nivel local y rural, donde el machismo está más arraigado. 

Ejemplo de ello es la persecución política que vivió Bertha Quispe, la joven alcaldesa de Collana, un pueblo de las afueras de La Paz, a quien llegaron a tapiarle la entrada a la alcaldía.

En algunas ocasiones, las mujeres terminaron pagando el precio de sus cargos con su vida.

El caso más conocido es el de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, un municipio ubicado a las orillas del lago Titicaca, quien fue estrangulada en 2012 tras sufrir 20 meses de acoso y agresiones, en los que llegaron incluso a tirarle cemento en los ojos.
Tras su asesinato, Bolivia aprobó una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres -candidatas, electas, designadas o en ejercicio-, la primera en el mundo en tipificar este tipo de agresiones como delito.

Sin embargo, a casi seis años de la promulgación de esa ley pionera, el asesinato de Quispe sigue impune y, de momento, no se ha registrado ninguna sentencia penal por delitos de acoso y violencia política, pese a las denuncias presentadas por las víctimas.

Según explicó Montaño, que era presidenta del Senado cuando se aprobó la ley contra la violencia política, el problema reside en que la normativa se inserta en un sistema penal que aún lograron transformar y "adolece de una enorme cantidad de falencias".
Un cambio que pretendía generar el nuevo Código Penal aprobado el año pasado, que tuvo que ser finalmente abrogado para dar lugar a un nuevo "proceso de sociabilización y discusión" en Bolivia.

Aunque el proceso de transformación social es engorroso y no depende simplemente de la legislación, Montaño se muestra confiada y asegura que la implementación de una lógica de paridad ha hecho que Bolivia de un salto cualitativo enorme.

"El pueblo boliviano ha ido haciendo carne de la participación paritaria de las mujeres y hoy muy poca gente se podría imaginar un retroceso. La lógica de paridad se ha convertido en algo intrínseco a la profundización de la democracia en Bolivia", concluyó.