07/03/2018 Subte

El 66% de las estaciones no son accesibles para personas con discapacidad motriz

La justicia porteña realizó el relevamiento y obligó a Metrovías a instalar dispositivos y poner personal para asistir a los usuarios que tengan movilidad reducida. La empresa Subterráneos de Buenos Aires adelantó que va a apelar.

Por Camil Straschnoy

Protesta de la ONG Acceso Ya para exigir una mayor accesibilidad en el subte.
Protesta de la ONG Acceso Ya para exigir una mayor accesibilidad en el subte.


El 66% de las estaciones del subterráneo carecen de mecanismos que permitan la accesibilidad total a personas con discapacidad motriz o con movilidad reducida, de acuerdo a las conclusiones preliminares de un estudio de la justicia porteña, que al resolver una cautelar obligó a Metrovías a poner personal y dispositivos de asistencia hasta resolver la situación de fondo.

Las constataciones efectuadas en marzo del 2017 y febrero de este año por el Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Roberto Gallardo, demostraron que “el 34% aproximado de las estaciones se encuentran dotadas de mecanismos que permitan la accesibilidad total a las personas que atraviesen alguna dificultad motora o en su movilidad”.

El informe revela que “la gran mayoría carece de ascensores” y aún en los que sí existe “su utilidad se ve mermada en numerosos casos por falta de funcionamiento, desperfectos técnicos o bien por falta de higiene y mantenimiento”.

Un caso paradigmático es la estación Río de Janeiro de la línea A, la más antigua de la ciudad, en la que “se ausenta cualquier posibilidad de acceso”.



Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa pública propietaria de la red, adelantó a Télam que apelará la resolución. También informó que, según sus estadísticas, hay 35 estaciones accesibles (cerca de un 40%), de las cuales 30 tienen ascensores que pueden ser utilizados en ambos sentidos y 5 en un único sentido.

"Desde que Sbase se hizo cargo del servicio, en el año 2013, el índice de funcionamiento de ascensores pasó de un 68% a un 94% en 2017", indicaron a esta agencia.

Por otro lado, en la empresa resaltaron que se encuentra en proceso licitatorio la primera etapa del proyecto de instalación de salvaescaleras, que incluye 14 equipos, una inversión de 350 mil dólares y que se estima estén activos a mitad de este año.

También manifestaron que se "está trabajando en un plan para adecuar, a lo largo de 10 años, todas las estaciones". "El proyecto implica 211 millones de dólares y consiste en la adecuación de unas cinco estaciones por año, dando prioridad a las cabeceras y a los nodos de conexión entre diferentes líneas, por la cantidad de pasajeros que circulan diariamente", añadieron. 

La empresa también indicó que las mayorías de las líneas del subterráneo (la A fue inaugurada en 1913) fueron construidas en una época en la no se consideraban las políticas de accesibilidad y enumeró que hay casos como los subtes de Madrid, París y Nueva York que tienen índices similares o inferiores.

Gráfico de la empresa Sbase con los índices de accesibilidad en los subterráneos de otras partes del mundo.
Grfico de la empresa Sbase con los ndices de accesibilidad en los subterrneos de otras partes del mundo.


La resolución de la cautelar: los tótem de asistencia

La justicia destacó que la demora en lograr la accesibilidad total “configura una problemática sobre la calidad de vida y el derecho a la integración a la sociedad” de las personas con discapacidad motriz y por eso tomó el ejemplo de Río de Janeiro para lograr una solución parcial pero inmediata.

El juez Gallardo subrayó lo que hizo la ciudad brasileña con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2016 a través de lo que llamaron los “Totem SOS”, un dispositivo instalado en cada acceso a la estación de subte que permite llamar a personal de la empresa de transporte que se dedica especialmente a asistir a personas con problemas de movilidad.

En su resolución de la cautelar, el magistrado obligó a Metrovías a poner un dispositivo similar en cada boca de subte y los andenes y además a designar a dos trabajadores por estación que deberán recibir la capacitación correspondiente para esa tarea.

En el caso de que la persona con dificultades de movilidad se encuentre ingresando al medio de transporte, el personal que la asista deberá ayudarla a acceder al vagón, procurando que pueda hacer uso de los asientos o espacios especialmente designados.

El sistema "Tótem de asistencia" deberá encontrarse operativo durante todo el horario en que se preste el servicio de transporte de subterráneos.

En forma complementaria, "los asistentes deberán auxiliar en la demanda inmediata que requieran aquellas personas que sufran alguna descompostura o descompensación, evitando así que tal función la cumpla el chofer de la formación o el/la encargado/a de la boletería", como ocurre actualmente con el consecuente deterioro de la prestación del servicio, dice el texto.

La judicialización de la accesibilidad en el subte

La accesibilidad en el subte llegó a la Justicia tras una denuncia de un usuario con discapacidad motriz que explicó que para llegar a su trabajo en la galería Obelisco Sur debía pagarle a dos personas para que lo bajen al local y luego para que lo suban.

De acuerdo a sus palabras, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que ponga rampas de acceso en las bocas del subterráneo (en el nudo de conexión de las líneas B, C y D) “y que tal situación generó que amenazaran con desalojarlo del local donde trabaja”.

Por tratarse de una denuncia que afectaba a más personas la Justicia declaró el carácter colectivo del proceso e invitó a otros afectados a presentarse a la justicia, lo que derivó en la intervención en la causa por parte del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, a favor de las personas con discapacidad.

El antecedente del caso Ferreira Isabel

El 6 de febrero del año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones resolvió una acción de amparo a favor de una usuaria del subte, Isabel Ferreira, que denunció las condiciones de accesibilidad de la línea A.

En esa resolución se obligó a Metrovías, entre otras cuestiones, a “garantizar como piso mínimo de funcionamiento de cada ascensor el 85% de las horas de servicio que le son establecidas por mes” y la fijación de letreros en cada estación que indiquen si los medios de elevación no funcionan, los motivos y el plazo para arreglarlo.

Además exigió a la concesionaria y a Sbase a que presenten un plan para que al menos una puerta en un vagón de cada formación puedan ser accesibles para personas en sillas de ruedas y que sea identificable cuál es esa puerta.

La cautelar por la accesibilidad en el subterráneo