01/12/2017 Opinin

La prevencin como eje de la nueva Ley de responsabilidad penal de empresas

La ley de responsabilidad empresaria, que se sancionó el 8 de noviembre, fue promulgada hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto correspondiente, aunque entrará en vigencia el 1 de marzo próximo. Sobre la norma opinó para Télam el contador Mariano Joaquín Fernández.

Mariano Joaqun Fernndez

Por Mariano Joaqun Fernndez

La norma exige la implementación de un Programa de Integridad para desalentar el soborno y el cohecho. Para cumplir con su implementación y evitar costosas multas, será condición sine qua non atender ciertos aspectos preventivos. 

Tras más de un año de intenso debate en el Congreso, Argentina ya cuenta con una ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, que sanciona el soborno y el cohecho transnacional. Este es uno de los requisitos indispensables para ser parte de la OCDE y lograr la integración internacional.

Pero la aprobación de esta norma requiere que las empresas destinen el esfuerzo y recursos necesarios para cumplirla, en pos de mitigar la corrupción y mejorar en cumplimiento y transparencia. 

En los artículos 22 y 23 de la norma se enumeran los aspectos necesarios para el desarrollo del Programa de Integridad. Entre estos, políticas y procedimientos aplicables a todos los empleados que prevengan de la comisión de delitos de fraude y corrupción, reglas de interacción con el sector público, canales de denuncia interna y protección del denunciante, comprobación de la integridad de los socios clave del negocio, y un equipo que cuente con los recursos necesarios y el apoyo inequívoco de los órganos directivos de la organización.

Para cumplir con estos ítems es indispensable que el programa sea “adecuado” entendiéndose como tal, que aborde los riesgos a los que se expone la empresa por su actividad, contexto de interacción y capacidad económica. También es de suma importancia garantizar la efectividad de su aplicación a través de un monitoreo permanente, para asegurar que realmente funciona como barrera de prevención, ya que la autodenuncia ayuda a la exención de la pena, siempre que el delito haya sido detectado por el mismo sistema de detección interno.

El oficial de cumplimiento, responsable interno de que se ejecute la norma, deberá tener la suficiente estructura y autoridad para ocuparse del diseño, desarrollo, funcionamiento, supervisión y evaluación del programa.

Para eso, además es necesario que el oficial de cumplimiento se rodee de un buen equipo de profesionales que brinden adecuadas metodologías de implementación y capacitación del personal, que ayuden a difundir las nuevas prácticas de prevención y las responsabilidades de denuncia y protección que a cada colaborador le corresponde como parte de su rol en la organización.

En definitiva, la creación de un programa de integridad o la optimización del existente busca lograr un cambio cultural profundo, que atraviese todos los procesos y personal de la compañía en pos de fomentar comportamientos de prevención y desaliento de corrupción. 

(*) Contador. Gerente del Departamento de Business Risk Management de San Martin Suarez y Asociados.