27/10/2017 opinin

Crnica de un desafuero anunciado

La diputada nacional por el Frente Renovador Carla Pitiot opinó para Télam sobre la detención del ex ministro kirchnerista Julio De Vido, tras la decisión de la Cámara baja de sacarle los fueros.

Carla Pitiot

Por Carla Pitiot

A menos de una semana de finalizadas las elecciones legislativas, nuestro sistema político se moviliza por otra noticia: el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Nacional Julio De Vido. 

Corriéndonos de un festejo sobreactuado o del espectáculo mediático que significó esta decisión, la crónica de este caso debe servir para echar luz sobre problemas estructurales que afectan a nuestro país y reproducen un conflicto sistémico: la corrupción.

La decisión que sostuvimos en el recinto de la Cámara de Diputados no pretende ser un juicio sobre la culpabilidad o inocencia del desaforado. Se trata de una decisión política de un cuerpo político con la intención de colaborar en el desarrollo de las tareas que le corresponden a la Justicia frente a la presentación de pruebas suficientes para acceder a los requerimientos judiciales. 

Le corresponde ahora al Poder Judicial -institución cuestionada en su credibilidad y confianza pública- estar a la altura de las circunstancias, con el antecedente de tan sólo cinco casos con condena firme de corrupción para funcionarios públicos jerárquicos -Felisa Micheli, María Julia Alsogaray y Ricardo Jaime, entre ellos- y causas que alcanzan los 22 años de trámite. 

Al mismo tiempo, atañe un llamado de atención a nuestro sistema político en general frente a un olvido recurrente: la importancia de nuestro Sistema de Control Público. En las causas en las que hoy la Justicia solicita el desafuero de De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.

En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.

A su vez, dos informes ambientales de la AGN alertaron sobre la gestión irregular de De Vido y el Ministerio de Planificación Federal referida a obras públicas. 

Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL), un informe medular de la Auditoría General de la Nación (AGN) figura como evidencia concluyendo expresamente sobre la existencia de sobreprecios en lo referido a las compras de combustible realizadas por Enarsa. 

Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría hacer la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades.

Cuánto más podría impactar positivamente nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y económicas que podría haberse evitado.

Consideramos desde nuestra más firme convicción que las conductas analizadas de Julio De Vido constituyen la ineludible obligación de colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.
Pero no nos confundamos. Con la detención de De Vido no se termina la corrupción y la actual gestión también debe y deberá rendir cuentas en tiempo y forma de sus acciones de gobierno. 

Seguimos esperando una respuesta del actual Gobierno acerca del escándalo por el Acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S. A. en el marco del concurso preventivo de este último, que perjudicaría al Estado en beneficio de una empresa de la familia del presidente.

Hay denuncias ante presuntas irregularidades por convenios entre el Ministerio de Energía, universidades y organizaciones de la sociedad civil. En el gobierno anterior la triangulación con universidades, fundaciones y empresas fue la forma más simple de eludir los controles. El esquema se repite en este gobierno y por ello deberá ser sumamente transparente y rendir cuentas de la asignación y uso de los dineros públicos.

Es imperiosa y urgente la revisión de la ley de Ética Pública, la pronta sanción de la ley de responsabilidad penal empresaria y la determinación de la existencia o no por parte de los organismos independientes del poder, de actuales conflictos de intereses de funcionarios que opacan una gestión cuya característica pretende y pregona ser "transparente, abierta y libre de hechos de corrupción", que no puede ni debe ser meramente declamativa.

Porque es una realidad que si el Estado no cuenta con un sistema de control independiente, transparente y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos ni las garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual. 

(*) Abogada, dirigente sindical, y diputada nacional Frente Renovador.