26/09/2017 Opinion

Relevamientos territoriales: el compromiso de trabajar por los derechos de las comunidades indgenas

El Senado debatirá mañana la prórroga de la ley 26.160, que contempla “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” y suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias". Al respecto opinó para Télam Jimena Psathakis, directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Jimena  Psathakis

Por Jimena Psathakis

El concepto es simple, claro y trascendental. Es una declaración política, filosófica y de gestión que guía todas las políticas del gobierno nacional: cumplir con la ley es la base de cualquier sociedad democrática y respetuosa del Estado de derecho. Y es, por supuesto, la plataforma sobre la que queremos construir la Argentina que soñamos, unida y en paz.

Mañana, el Congreso de la Nación va a tratar el proyecto de prórroga de la ley 26.160. Esta iniciativa es acompañada por el gobierno nacional, tanto por el Poder Ejecutivo, como a través de los legisladores de Cambiemos. Y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como organismo ejecutor, no sólo va a continuar trabajando en el cumplimiento de los mandatos de esta ley, sino que también se propone acelerar los procesos de relevamiento territorial y de comprometer a los gobiernos provinciales en la regularización dominial de los territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades indígenas.

La ley 26.160 ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación legal y dominial de las tierras ocupadas por las comunidades originarias. 

Los objetivos de la ley son: impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios; recabar información sobre los diversos aspectos sociales, culturales, bióticos y geográficos que configuran los territorios indígenas, y avanzar en la regularización de las tierras que ocupan las comunidades.

Por ahora, la ley 26.160 es el único instrumento legal que, aunque no resuelve la cuestión de fondo sobre la propiedad comunitaria indígena, intenta avanzar sobre un primer reconocimiento del Estado sobre la ocupación territorial de los pueblos originarios.

Durante los últimos días, circularon versiones que pretendían instalar que el gobierno nacional está en contra de los relevamientos territoriales. Como siempre, la respuesta a esas versiones está en los hechos: desde que asumimos, el INAI llevó a cabo 140 relevamientos territoriales, en cumplimiento de la Ley 26.160. Recordemos que desde la sanción de la Ley en el 2006 hasta fines de 2015, sólo se relevaron poco más de 680 comunidades. 

En diciembre de 2015, tuvimos que poner en orden al Instituto. Encontramos serias irregularidades denunciadas por la Auditoría General de la Nación, como desvíos de fondos, tercerizaciones sin justificación y nulo control de los plazos y objetivos de trabajo, sólo por mencionar algunas. No obstante lo cual, tomamos decisiones rápidas para no perder tiempo y poner el Estado al servicio de la gente. Cambiamos la lógica asistencialista del INAI- idea matriz de la gestión anterior- por otra que concibe a los pueblos originarios como sujetos de derechos; trasladamos al Instituto de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, tan sólo en un año y medio, abordamos la situación territorial de 140 comunidades, para protegerlas de desalojos y reconocer la ocupación tradicional, actual y pública del territorio, así como también se intervino en más de 60 casos para proteger los derechos de las comunidades, brindándoles asistencia jurídica frente a conflictos territoriales.

Pero no todo termina ahí: venimos trabajando con otros ministerios para tomar experiencias de otros tipos de relevamientos y para ver de qué forma, con nuevas tecnologías, podemos hacer más eficientes los procesos y más cortos los tiempos de los relevamientos. Queremos cambiar el paradigma y tener resultados concretos en plazos más cortos.

Vamos también a impulsar un acuerdo federal con las provincias para avanzar en la cuestión de fondo, que es el acceso a la propiedad comunitaria de la tierra, ya que la competencia en el otorgamiento de tierras a comunidades es esencialmente provincial.

El 27 de septiembre, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con la ley, y sancionar la prórroga de la 26.160. Trabajar por los pueblos originarios debe ser una política de Estado.

(*) Directora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.