11/09/2017 opinin

Cumplir con las deudas de la poltica

Hace un año quedó conformada la Comisión Bicamenal de la Defensoría del Pueblo, que entre sus principales objetivos tiene la conformación del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles y la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo vacante desde 2009. Al respecto opinó para Télam la senadora nacional del PRO, Marta Varela, presidente de este cuerpo legislativo.

Marta Varela

Por Marta Varela

Cuando asumí como presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Senado de la Nación, se depositó en mí una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un importante desafío: la designación de 10 de los 13 candidatos para integrar el Comité Nacional Contra la Tortura y el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación.

En primer lugar, es una gran responsabilidad porque estos nombramientos son indispensables para la defensa de los derechos humanos y otros derechos, garantías e intereses tutelados por la constitución, ante actos u omisiones de la administración pública, y por otro, el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

En segundo lugar, implica un gran desafío, teniendo en cuenta que el Comité Nacional Contra la Tortura no se conforma desde el año 2012 y la Defensoría del Pueblo se encuentra acéfala desde el 2009. Son deudas de la política con los argentinos.

Hoy, esa responsabilidad y desafío se materializó en hechos y avances concretos de la Comisión que encabezo desde 2016.

En relación a la conformación del Comité, Argentina fue uno de los países que participó activamente en el proceso por el cual Naciones Unidas adoptó el Protocolo facultativo de la Convención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles el 18 de diciembre de 2002. En noviembre de 2004 fue el sexto país en ratificarlo. En 2012 se sancionó la ley que crea el Sistema nacional y en 2014 se reglamentó.

Recién el 16 de marzo del corriente año, en el marco de la reunión de la Comisión, se determinó poner en marcha el mecanismo de selección de los 3 candidatos representantes de las organizaciones no gubernamentales para integrar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, correspondientes al art. 11 inc c. de la Ley 26.827.

Dicha decisión se instrumentó a través de la Resolución 001/17, lo que dio inicio al proceso de Audiencia Pública tal como lo establece la ley en el procedimiento de selección (artículo 18 inc. c).

El 3 de abril se procedió a la publicación de la convocatoria para que las organizaciones de la sociedad civil presenten a sus candidatos, estableciendo como fecha límite el 28 del ese mes. .

El 16 de mayo se publicaron los 17 candidatos propuestos por diferentes organizaciones sociales y se abrió un periodo para la presentación de observaciones e impugnaciones que se prolongó hasta el 21 de junio.

El 29 de junio se llevó a cabo la Audiencia Pública en donde se escuchó a cada uno de los candidatos y, al finalizar, se estableció un cuarto intermedio, que fue reanudado el 23 de agosto pasado. Allí, dimos curso al dictamen en el que pusimos a consideración del recinto la selección de los siguientes candidatos, quienes fueron aprobados por unanimidad: la licenciada María Josefina Ignacio, presentada por la Asociación Pensamiento Penal; el dr. Gustavo Federico Palmieri, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el dr. Diego Jorge Lavado, presentado por la Asociación para la promoción y la protección de los derechos humanos Xumek.

Actualmente está en proceso el nombramiento del representante de la Secretaría de Derechos Humanos que ya tiene nombre y apellido: el Dr.Alberto José Lucchetti. Resta que el mismo sea remitido a la Comisión para iniciar la Audiencia Pública correspondiente para, luego, ponerlo a consideración del recinto.

Con respecto al nombramiento del Defensor del Pueblo, recibimos la presentación de diferentes candidatos que, por el momento, son 12 y actualmente, estamos trabajando en el consenso necesario para lograr el apoyo de los dos tercios de ambas cámaras, imprescindible para su designación.

Avanzamos, pero aún queda mucho por hacer.Tengo el deseo y sobre todo la voluntad política de mi espacio de que para fin de año podamos tener concluidos los procesos de ambos nombramientos.

Cuando, desde esta comisión lo logremos, habremos cumplido con obligaciones nacionales e internacionales que hasta hoy eran deudas con nuestro pueblo y, desde lo personal, con undesafío y una responsabilidad que me enorgullece.


(*) Senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo.