07/06/2017 Justicia

Carri solicit que se rechace una demanda que le hizo Sebastin Galmarini

La diputada nacional Elisa Carrió presentó pruebas documentales y solicitó el rechazo de la demanda por 1.000.000 de pesos "más intereses y costas" que le promovió el senador bonaerense Sebastián Galmarini, por daño moral y lesión a su honor, informaron fuentes judiciales.

El legislador provincial Sebastián Galmarini demandó a Elisa Carrió -y por el mismo monto a la abogada Mónica Frade- porque lo habrían vinculado con el suspendido fiscal federal de San Isidro Julio Novo, procesado por presunto encubrimiento de narcotraficantes.

Galmarini, referente del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, sostuvo que las demandadas lo acusaron también de influir, o intentar hacerlo, en la designación de fiscales en jurisdicción bonaerense.

Carrió "se ha dedicado a deshonrarme, a poner en tela de juicio mi buen nombre y honor relacionándome con oscuras operaciones de protección al narcotráfico en la zona norte del Gran Buenos Aires", consignó la demanda que, bajo el número de expediente 61797/16, tramita ante la jueza nacional en lo civil Marcela Eiff.

Galmarini se refirió al centenar de comunicaciones telefónicas que las accionadas le atribuyen haber mantenido (él y miembros de su familia) con Novo, implicado entre otras causas en el homicidio de dos colombianos en el shopping Unicenter, y de intentar influenciar en la designación como fiscal de una ex colaboradora de aquél, Melisa Rey.

El senador lamentó, además, que Carrió y Frade lo vincularan con Diego Efraín Martínez, el juez federal de San Isidro, denunciado por supuesto entorpecimiento de la causa en la que se investiga el "triple crimen" de General Rodríguez, que tuvo como víctimas a Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.

Carrió ofreció prueba documental a través de sus abogados Juan Manuel López y Mariana Stilman, entre ellas las causas penales y pedidos de enjuiciamiento a Novo y Martínez.

La legisladora sostuvo que una "eventual condena" en su contra "implicaría una violación a la libertad de expresión, tutelada por nuestra Constitución Nacional".

Según las fuentes judiciales consultadas, la causa "aun no fue abierta a prueba", ya que "hasta el momento" y "luego de varios meses de trámite" se fueron cumpliendo intimaciones para satisfacer requisitos formales.