08/05/2017 Espaa

La presidenta del parlamento volvi a los tribunales por el conflicto secesionista

Carme Forcadell declaró este lunes ante los tribunales por haber permitido el debate y aprobación de una resolución a favor del referéndum de secesión.

La presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, declaró este lunes ante los tribunales por haber permitido el debate y aprobación de una resolución a favor del referéndum de secesión de la norteña región de España, pese a que el Tribunal Constitucional español advirtió de su ilegalidad.

Es la segunda vez que la diputada independentista acude a los tribunales para declarar en el marco del conflicto secesionista y, como en la anterior ocasión, lo hizo apoyada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su gobierno, así como numerosos manifestantes partidarios de la independencia.

Forcadell, a quien la Fiscalía acusa de un delito de desobediencia y prevaricato, se limitó a decir que "no había transgredido ninguna resolución del Tribunal Constitucional", y reclamó que se respetara su "inviolabilidad" parlamentaria, por considerar que es "la garantía de separación de poderes".



También insistió en que como presidenta del parlamento catalán tiene la responsabilidad de garantizar la "libertad de expresión".

En esta causa están imputados el resto de integrantes de la mesa del parlamento catalán -órgano de gobierno-, conformado por diferentes partidos, aunque de mayoría independentista. Junto a Forcadell, declaró este lunes la secretaria de la cámara regional, Anna Simó.

En caso de ser juzgada, la presidenta del parlamento catalán podría recibir la misma pena que el ex presidente catalán Artur Mas, quien recientemente fue inhabilitado durante dos años por haber celebrado una consulta simbólica sobre la secesión en 2014.

La dirigente independentista permitió en octubre del año pasado que el parlamento regional votara dos resoluciones que abrían la puerta a la celebración de un referéndum unilateral de independencia en septiembre. El TC había advertido previamente en reiteradas ocasiones que ni el gobierno ni la cámara catalana tenían competencias en ese sentido y que los cargos políticos podrían tener que asumir "responsabilidades" en caso de tomaran decisiones a favor de la ruptura con España.



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