22/03/2017 telecomunicaciones

Investigadores cuestionaron la "reticencia" de las telcos a informar sobre el tratamiento de datos personales

Los investigadores Eduardo Ferreyra y Jeannette Torrez aseguraron que dicha "reticencia" por parte de las empresas es un "denominador común" en Argentina, Chile, Brasil y México.

Las principales empresas de telecomunicaciones que operan en Argentina "no presentan informes de transparencia" que brinden detalles acerca del tratamiento de datos que realizan a partir de la información de sus usuarios, cuestionaron los autores de una investigación sobre la protección de datos personales en la región.

Esta "reticencia persistente" a la hora de informar sobre las políticas de tratamientos de datos personales por parte de las empresas comprendidas en la investigación (Telefónica y Telecom) es un "denominador común" entre las compañías de telecomunicaciones de Argentina, Chile, Brasil y México, explicaron a Télam, vía correo electrónico, Eduardo Ferreyra y Jeannette Torrez.

Los investigadores de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) lideraron dos estudios publicados la semana pasada por la organización, en los que se analizó "El sistema de protección de datos personales en América Latina" y las "Políticas de protección de datos personales en las empresas de telecomunicaciones", con estudios de casos de Argentina, Brasil Chile y México.

La investigación destaca que en la actualidad las herramientas para el procesamiento de datos "son cada vez más poderosas, sofisticadas, ubicuas y asequibles, lo que permite que la información sea fácil de obtener, de vincular y de ubicar para diversos actores, incluidos gobiernos o grandes corporaciones".

Esto hace que "la perfilería (profiling), la selección de sujetos por su conducta (behavioural targeting) y la segmentación de audiencias, ocurren cada vez a mayor escala", por lo que "los datos personales son, cada vez más, el activo central para las operaciones de negocios y también resultan esenciales para una administración de gobierno efectiva".

Sin embargo, al almacenar y procesar "un gran volumen de datos personales", las llamadas telcos "se encuentran en una posición capaz de poner en riesgo el resguardo de los derechos de los titulares de los datos personales", es decir, de sus clientes.

"En este sentido, podemos mencionar a modo ilustrativo, la utilización de datos para fines distintos a los que fueron recolectados, como la comercialización de los mismos a terceros o bien en la entrega de datos personales de usuarios a las autoridades para fines de seguridad o de investigación", indica el estudio.

Este es el caso, por ejemplo, de AURA, la llamada "cuarta plataforma" de Telefónica, cuyo desembarco en marzo de 2018 supondrá la puesta en venta de datos personales de sus clientes argentinos, que son más de 20 millones de personas.

Esta plataforma con alcance global, presentada en febrero en Barcelona, ofrecerá a los clientes de la empresa instancias de control de sus datos personales, aunque a la vez venderá ese volumen de información a empresas y organismos que ven un negocio en el big data.

Los datos en cuestión son aquellos generados "desde cualquier infraestructura de Telefónica con la que interactúen los clientes", según explicó a Télam el director de Innovación de la Cuarta Plataforma, Antonio Guzmán, a comienzos de mes.

Estos datos son un verdadero tesoro medido en cientos de petabytes generados al año que por ejemplo abarcan los hábitos de navegación de las personas que pagan el servicio de Internet de Speedy, así como los metadatos telefónicos de los clientes de Movistar o Telefónica, es decir, aquello que no es el contenido en una llamada: a quién se llama, a qué hora, con qué frecuencia, desde dónde, cuánto dura la llamada.

Al cruzar estos datos una empresa podría adquirir una fuente invaluable de información sobre los gustos y hábitos de millones de personas para colocar sus productos, mientras que organizaciones políticas podrían contar con perfiles segmentados de personas para elaborar mensajes dirigidos en función de los intereses de las personas.

Según los investigadores de ADC, "resulta imprescindible que el sector privado informe acerca de las prácticas utilizadas para garantizar el respeto de la normativa de protección de datos personales y la autodeterminación informativa".

Ferreyra y Torrez destacaron que el marco legal argentino "es uno de los más completos de la región", ya que "la protección de los datos personales está garantizada por la Constitución (art. 43) y existe una ley específica sobre el tema (la 25.326)".

Sin embargo, especificaron, "el órgano de control de la ley no cuenta con la independencia y autarquía financiera, así como con la estructura necesaria para poder cumplir con las múltiples y ambiciosas funciones que la ley le encomienda realizar", lo que genera "complicaciones operativas al momento de fiscalizar el cumplimiento de la normativa".

Asimismo, la ley sancionada en el 2000 "no contempla el rol trascendental que los datos personales tienen en el contexto actual, caracterizado por los profundos cambios acontecidos en el entorno tecnológico y las transformaciones que lo anterior ha ocasionado en las prácticas de las empresas y en sus modelos de negocios, en los cambios organizacionales del Estado y en la modificación de la conducta en línea de los propios individuos".

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