20/03/2017 opinin

Las herramientas para el control del conflicto de inters

A la espera de los dos decretos anunciados por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para evitar casos de conflicto de intereses y “darle mayor transparencia a la toma de decisiones” en los tres poderes del Estado. Al respecto opinó para Télam la diputada nacional por el radicalismo Karina Banfi, autora de la iniciativa junto a su par de bancada Mario Negri.

Karina  Banfi

Por Karina Banfi

En 2015, con el triunfo de Cambiemos, comenzó un nuevo diálogo político en nuestro país. Se trata de una conversación que estuvo suspendida largo tiempo sobre la integridad en nuestras instituciones y el comportamiento de los funcionarios públicos. Un cambio en ese sentido requiere de consensos y debates políticos.

La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública de 1999 resultó insuficiente para brindar herramientas de solución para los casos de conflictos de interés. Es por ello, que junto con el presidente del interbloque Cambiemos, el diputado nacional Mario Negri, presentamos un proyecto de ley que tiene como fin regular las situaciones en las que, potencial o realmente, el interés público pudiera verse afectado por los intereses privados de los funcionarios que deben tomar decisiones.

Esta iniciativa propone fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas y consolida las instituciones, a la vez que es complementario a las medidas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo Nacional en materia de transparencia. Los decretos que elaboró la Oficina Anticorrupción con discusión participativa representan soluciones inmediatas, a la vez que sumarán al debate parlamentario de una ley que será una herramienta para fortalecer la transparencia.

Entre los puntos más importantes se destaca la institución en cada uno de los poderes del Estado de autoridades de aplicación de la norma. Estas instancias recibirán consultas sobre posibles situaciones de conflicto de interés y, también, tendrán que controlar y publicar las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios, crear un registro público de regalos y otro de consultas recibidas con su correspondiente recomendación, entre otras funciones preventivas.

El conflicto de interés puede involucrar tanto a funcionarios como a personas de su círculo familiar. Por eso esta norma abarca a los funcionarios de los tres poderes, actualmente alcanzados por la ley de Ética Pública, y agrega a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados.

La vuelta de la Argentina al mundo tiene un capítulo estratégico en la vinculación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este proyecto de ley sigue recomendaciones de la OCDE y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Así, se han incorporado mecanismos de prevención de los conflictos de interés que regulen toda situación que pueda afectar la legitimidad de las decisiones y políticas públicas en la medida que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario. 

Las autoridades de aplicación de cada poder del Estado podrán sugerir diversas soluciones al funcionario que se encuentra en un conflicto de interés: la renuncia a actividades privadas, la abstención de intervenir en una actividad específica que esté bajo su órbita, optar por constituir sus bienes en un fideicomiso ciego, venta de activos o interés financiero en conflicto o renuncia al cargo.
 
A su vez, los funcionarios deberán presentar sus declaraciones juradas e incorporar dos nuevos requisitos: sus antecedentes laborales de los últimos tres años, información sobre la participación en sociedades comerciales, relaciones de empleo, clientela y contratos con el Estado, y datos relativos a juicios con el Estado.

La legitimidad de nuestro gobierno tiene un capítulo fundamental en cumplir con la expectativa de transparencia y buen gobierno. Contar con herramientas para garantizar el interés público es un paso clave para realizar esa expectativa.

(*) Diputada nacional (UCR-Cambiemos).