20/02/2017 Justicia

La Cmara Comercial convoc a una nueva audiencia entre el Gobierno y Correo Argentino

Será para el 16 de marzo próximo, luego de que el gobierno de Mauricio Macri presentara esta mañana un escrito para dejar sin efecto el acuerdo.

La convocatoria a la nueva audiencia dentro del concurso preventivo de la empresa de la familia Macri fue realizada por la de la Sala B de la Cámara, María Lilia Gómez Alonso Díaz de Cordero, según dijeron las fuentes.

"Fíjase audiencia para el día 16 de marzo del corriente a las 11 horas, a la cual deberán comparecer las sindicaturas actuantes y la concursada, invitando asimismo a la Sra. Fiscal General de la Cámara", dispuso la jueza en la convocatoria.

El llamado a la nueva audiencia se produjo luego de que el Gobierno se presentara esta mañana ante la Cámara para solicitar que el acuerdo alcanzado en junio de 2016, pero no homologado, quedara sin efecto.

También el Correo Argentino S.A. presentó un escrito en el que, a través de su presidente, Jaime Cibils Robirosa, pidió la celebración de una audiencia pública "a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal" con "una solución justa y equitativa para todos los interesados".

"La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior" impidieron, a juicio del titular de Correo Argentina, una "solución equitativa" con una compensación de créditos y deudas, por lo que hubo que formular una propuesta de pago en efectivo.

La oposición de la fiscalía a la homologación del acuerdo de pago "parece más un capítulo más de un relato perverso cuyo único objetivo es asfixiar al Correo Argentino", consignó el escrito de la concursada.

La decisión del Gobierno de solicitar la suspensión del acuerdo se produjo luego de que la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, sostuviera que era "abusivo" y perjudicial para las arcas del Estado.

La fiscal Boquin emitió dos dictámenes en los que criticó el acuerdo, pero no había expuesto en la última audiencia porque no había sido convocada, algo que cambió en esta oportunidad aunque, según pudo saber Télam, todavía no fue notificada.

En sus dictámenes, la fiscal consideró que de homologarse como acuerdo la propuesta que el Gobierno le aceptó al Correo Argentino S.A, la firma de la familia Macri estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de 4.000 millones de pesos, en valores actuales

Boquin también agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso, por lo que lo informó ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, comenzó una investigación para determinar si hubo una irregularidad en el hecho de que el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, interviniera en el asunto.

Para emitir sus dictámenes, la fiscal se había apoyado en informes de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.

El estudio de la DAFI fue el que estableció que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo implicaría una quita de deuda de 4277,6 millones de pesos en la actualidad, o de más de 70 mil millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota, si se considera que la deuda de la empresa data del año 2001.

Además, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín realizó una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar que cayera la demanda del Correo Argentino S.A. contra el Estado por daños y perjuicios contra el Estado por la extinción del contrato de concesión ocurrida en 2003.

Balbin sostuvo que esa demanda por la "caducidad de instancia" dado que el 14 de febrero pasado se cumplieron los seis meses previstos para que se de impulso al proceso, sin que eso ocurriera.

El Correo Argentino SA había presentado una denuncia por daños y perjuicios contra el Estado en la que reclamaba 2.300 millones de pesos, aplicando a la deuda una tasa más alta que pretendía imprimirle al concurso preventivo de quiebra en el que estaba inmerso.

En relación a ese expediente, la fiscal Boquin, había emitido una ampliación de dictamen en la cual consideró que Correo Argentino S.A. tuvo actitudes contrarias a la buena fe procesal.