07/12/2016 energía

Defensores del pueblo reclaman inversiones y calidad en la prestación de servicios de gas para autorizar aumentos

Los representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires coincidieron hoy en reclamar al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que antes de autorizar incrementos tarifarios las empresas distribuidoras deben cumplir parámetros de mejores servicios y responder por la calidad de los mismos.

Así lo plantearon Mariana Grosso, en representación del Defensor del Pueblo de la Nación, y Alejandro Amor, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al participar de la Audiencia Pública en que se analizó el proceso de Readecuación Tarifaria Integral para el servicio de distribución de las empresas Metrogas y Gas Natural Ban.

"Desde los 90, estas empresas ganaron con las privatizaciones, con la devaluación, con los subsidios, y ahora ganan con el nuevo cuadro tarifario y el mantenimiento de los subsidios, es hora de que ganen los usuarios y para eso deben invertir, brindar servicios adecuados, cumplir sus obligaciones", aseveró Amor quien también preside la federación de Defensores del Pueblo del todo el país.

Al enfatizar que "el Estado debe ser el garante de que las empresas monopólicas cumplan con sus obligaciones", Amor aseguró que en las propuestas de incrementos tarifarios de las compañías "no se consideró el fallo de la Corte Suprema en ninguno de los cuatro principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad".

"Es más, las propuestas de las empresas son exactamente inversas al fallo". aseveró el Defensor porteño al proponer que la actualización de tarifas tome como índice de actualización para los trabajadores registrados el promedio de las paritarias anuales y los incrementos anuales de jubilados y pensionados, y para los no registrados una tarifa social única para todos.

Entre las propuestas de su defensoría, Amor insistió como hiciera en audiencias públicas previas la necesidad de implementar una "tarifa social única" cuando el 50% del ingreso de una familia se utiliza para gastos de servicios esenciales y el otro 50 la ubica debajo de la línea de pobreza, y cuando el hogar no dispone de cloaca, agua potable ni acceso a la energía.

También sumó la necesidad de avanzar en una definición legal de pobreza energética en la Argentina, que los servicios energéticos esenciales sean considerados como un derecho humano y la garrafa de gas como un servicio público y la eliminación definitiva de los subsidios a las empresas para su redireccionamiento a las personas que lo necesitan.

Amor, insistió en proponer "un ente regulador transparente, eficaz, técnico y que controle las inversiones, la prestación del servicio, su calidad y la aplicación de sanciones y ver si las sanciones se cumplieron o se pagaron efectivamente, lo que no sucedió con Edesur ni Edenor", las empresas distribuidoras de servicio eléctrico en el área metropolitana.

Finalmente, pidió la eliminación de Focegas, el dictado del cuadro tarifario especifico y definitivo para entidades de bien publico y de barrio, además de exigir que se elimine el cargo fijo para la tarifa social y plantear la necesidad de una ley que defina a la garrafa como servicio público en un país donde el 45% de los argentinos la utilizan como fuente de energía y deben pagar entre 150 y 250 pesos a pesar de que el precio oficial es de 98 pesos.

A su turno, Grosso cuestionó que el material de debate ofrecido por las empresas previo a la audiencia pública fue "sesgado y puesto a disposición en forma tardía, desordenada y confusa", y fustigó que las proyecciones de gastos de las distribuidoras "fueron superiores en un 30% en el caso de Gas Ban y en un 13% en Metrogas" según una auditoria realizada por la Defensoría de la Nación.

La Revisión Tarifaria Integral es para la Defensoría el estudio de nivel socioeconómico de los usuarios para su correcta categorización, y demanda establecer parámetros de calidad y un modelo de control, así como el estudio de costos y la fijación de una tasa de rentabilidad razonable que permitirá eficiencia y un buen servicio.

Sobre la suerte del incremento tarifario, Grosso dijo que "previa aprobación de cualquier ajuste el Enargas debe controlar que se efectuaron inversiones o se mejoró la calidad del servicio", y reclamó que la misma decisión debe reflejar "el principio constitucional de razonabilidad en la factura final".

En ese sentido, planteó que "las tarifas deben ser asequibles, es decir considerar la capacidad de pago de los usuarios y que los pagos no disminuyan la capacidad de las personas para adquirir otros bienes esenciales como vivienda, educación o salud".

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