30/11/2016 informe

La Auditoria advirtió sobre “falencias” en las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo

La Auditoría General de la Nación realizó un informe crítico sobre el estado de ejecución de las tareas encomendadas por la Corte Suprema de Justicia para el saneamiento de la cuenca hídrica que afecta a unos 7.000.000 de habitantes.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó hoy un informe crítico sobre el estado de ejecución de las tareas encomendadas por la Corte Suprema de Justicia para el saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, que afecta a unos 7.000.000 de habitantes.

Un presupuesto con “deficiencias”, “plazos vencidos”, “mayores costos” –de hasta un 134 por ciento- y “falencias” que impiden evaluar su cumplimiento, fueron algunos de los cuestionamientos remarcados por el funcionario de la AGN Carlos Valdéz, en la audiencia convocada por la Corte para recibir información sobre el plan de saneamiento.

Antes, un representante de las ONG que integran el cuerpo Colegiado que interviene en la “Causa Mendoza”, se quejó por el “deficiente control” por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con relación a la contaminación del curso hídrico.

La audiencia, en la que también expusieron –cada uno durante 15 minutos, para luego responder preguntas- representantes de los gobiernos Nacional (el ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman y el Procurador del Tesoro Carlos Balbín), bonaerense (el fiscal de Estado Hernán Gómez) y porteño (el procurador Gabriel Astarloa.

Todos hablaron de cifras multimillonarias –un funcionario bonaerense precisó que en 2017 se proyecta una inversión de 1.400.000.000 de pesos para obras en red de aguas y cloacas y la construcción de viviendas-, aunque la AGN expuso que los aportes de los gobiernos “han disminuido” en los últimos años y que “los objetivos del fallo de la Corte Suprema no han sido cumplidos”.

En julio de 2008, al dictar sentencia en la causa “Mendoza”, la Corte dispuso un “Plan Integral de Saneamiento Ambiental” de la cuenca hídrica Riachuelo-Matanza.

A ocho años de ese fallo y ante las quejas que llegaron a su seno, el máximo tribunal convocó a una audiencia para conocer el “grado de avance” de las mandas que efectuó en su sentencia.

La audiencia, presidida por el titular del máximo tribunal, con la presencia de los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se celebró en el cuarto piso del Palacio de Justicia, fue pública, con menos concurrencia que las últimas de carácter público realizadas por la Corte.

Entre los asistentes había representantes del Cuerpo de Delegados del “camino de sirga” de las Villas 21 y 24, en la zona de Barracas, de esta capital, quienes fueron desalojados del recinto luego de media docena de interrupciones, al grito de “mentiras”, durante la exposición del gobierno porteño.

Mientras los expositor del gobierno de la ciudad se esforzaba por mostrar números y estadísticas contra las “instalaciones clandestinas”, la “erradicación de basurales” y la craación de “recorridos educativos”, los delegados de esas villas precisaron que el 25 por ciento de los niños de esa zona “tienen “plomo en la sangre” y más de un millas de familias esperan su relocalización.

Según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010, de los 973.196 hogares –unos 7.000.000 de habitantes- de la cuenca hídrica, la mitad padece alguna situación ambiental de riesgo, como deficiencias en el abastecimiento de agua, cloacas o disposición de residuos.

La cuenca hídrica, con una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados, 60 de largo y 35 de ancho, comprende a la Ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.

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