25/11/2016 Traspaso de mando

La presidencia no son los presidentes

La Cámara de Diputados aprobó esta semana y giró al Senado un proyecto que regula el traspaso de mando tras la conflictiva transición entre los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Al respecto opinó para Télam la diputada nacional por la UCR-Cambiemos, Carla Carrizo.

Por Carla Carrizo (*)

La Cámara de Diputados dio media sanción a una ley que regula cómo debe ser el proceso de cambio de gobierno. El, así llamado, período de transición entre un Presidente que sale y otro que llega. El antecedente: la sucesión en diciembre de 2015, cuando por primera vez desde 1983 y luego de 6 traspasos presidenciales no hubo acuerdo sobre cuándo y dónde debía iniciar el nuevo y finalizar el viejo. Justicia mediante, sobró incertidumbre, bastones de mando, festejos populares, pero faltó institución presidencial. ¿Bien? No. Mal. Porque la institución presidencial es mucho más de quien la ejerce temporalmente. De eso trata esta ley, de que quien asuma como Presidente entienda que la institución presidencial, no le pertenece.

Este proyecto pasó desapercibido frente a otros con mayor impacto mediático pero su falta de cobertura no debería minimizar su impacto. Política de anticipación, mediano y largo plazo, construcción institucional más allá de la lógica dominante con que se piensan e implementan las políticas públicas en Argentina: la emergencia. Cuando así no ocurre, se consolidan prácticas donde nadie pierde porque todos ganan: la presidencia como un bien público de los argentinos, de ningún partido.

Es sabido que los oficialismos gozan de una ventaja comparativa sobre el resto de los partidos porque pueden manipular la opinión pública a través de recursos que controlan. Los ejecutivos pueden: aumentar la burocracia, los tribunales, endeudar a la nación y hacerlo en forma arbitraria, es decir, apropiándose de competencias que la constitución no aprueba. Pueden así bloquear el surgimiento de candidatos alternativos en el mejor de los casos y reducirla capacidad administrativa del que llega, en el peor de ellos. La así, conocida, estrategia del campo minado.

El proyecto avanza enormemente en la construcción de la institución presidencial porque regula ese espacio temporal de la política invisible. Regula lo que no se ve y lo que un Presidente saliente no puede hacer.

Sin embargo, se trata de un avance acotado porque no incluye el aprendizaje de países similares. En efecto, hace ya más de 50 años que esto se regula en EEUU. Primer país en no dejar librado al parecer de los presidentes el traspaso de mando. En efecto, en 1963 crea un comité de transición y en 2010 y 2015 extiende el período de la transición al inicio de la convocatoria de la elección presidencial, justamente, porque aprendieron que el éxito del proceso está influido por la variable temporal.

Canadá, también país federal, exhibe esta trayectoria: un Comité de transición que se pone en marcha entre 12 y 18 meses antes de la elección que consagra al ganador. En Argentina en un escenario con primera vuelta, el período de transi­ción es de 45 días. Y en un escenario de ballotage, es particularmente corto: apenas rondará los 18. ¿Regulación? Sí. ¿Menor incertidumbre? También. ¿Servirá la información que la ciudadanía y los candidatos que compiten necesitan para una transición sin herencias que afecten la agenda del presidente que entra? No. Porque el marco temporal que prevé el proyecto, dimensión clave del éxito donde esta regulación se utiliza, conspira contra ello. Si la reglamentación a cargo de la Presidencia así lo hiciera, ganaríamos al incorporar 57 años de experiencia en sucesión presidencial. Esperamos que así sea.

(*) Diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (UCR-Cambiemos)