04/10/2016 San Juan

Ambientalistas se oponen a la reapertura de la mina Veladero y reclaman el "cierre definitivo"

Fue tras el fallo de la justicia sanjuanina que habilitó las operaciones de la mina a partir del plan de monitoreo y controles de aguas y suelos presentado por la empresa Barrick Gold.


Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionaron en un comunicado "la decisión judicial de habilitar las actividades en Veladero, tras 15 días de suspensión" por un derrame de material cianurado que escapó de la zona segura del valle de lixiviación de la mina, pero que no afectó a los cursos de agua de la zona.

La medida fue tomada por el juez de paz del Departamento de Iglesia, Hugo Quiroga, quien se hizo cargo de la causa por el incidente del 8 de setiembre pasado, al subrogar al juez de la segunda circunscripción Pablo Oritja, que se tomó una licencia, y a la jueza de paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, quien fue la primera subrogante pero pidió licencia por enfermedad.

El reclamo de los ecologistas se fundamenta en "el riesgo ambiental que significa" la operación de ese yacimiento, "tanto por el incumplimiento de la Ley de Glaciares como por los derrames recientes".

"En menos de un año Barrick permitió que se contaminen cinco ríos de la zona por los derrames en la mina", señaló Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, y opinó que habilitarla nuevamente "es no tener ningún tipo de interés por el ambiente y por los glaciares".

Para el ambientalista, "dos semanas de suspensión a una empresa con dos derrames de cianuro en un año, y que opera además en una zona prohibida por la Ley de Glaciares, parece una burla. Hay que cerrar la mina”, afirmó.

“La empresa opera ilegalmente en una zona protegida por la ley de glaciares", sostuvo Strano y consideró que el gobierno nacional "tiene que cerrar Veladero y dar un mensaje claro a todo el sector.

El derrame en Jáchal "expuso no sólo los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información" y "la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto", dijo Pía Marchegiani, de FARN.

"No se puede seguir avanzando sobre nuestros recursos naturales con este tipo de emprendimientos. Aún no está claro qué se derramó ni cuánto", indicó la ambientalista y pidió que se informe a la comunidad.