17/09/2016 investigacin

La mirada de los especialistas: legisladores y expertos en derechos humanos

Legisladores y especialistas en derechos humanos de niños y adolescentes fijan su postura sobre la situación de los jóvenes privados de su libertad o en conflicto con la ley vigente.

*Por María Aguirre*

Legisladores y especialistas en derechos humanos de niños y adolescentes fijan su postura sobre la situación de los jóvenes privados de su libertad o en conflicto con la ley vigente.

Juan Facundo Hernández, representante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

* Los regímenes cerrados para adolescentes no sirven -en términos de reinserción social- para la gran mayoría de los delitos por los cuales los chicos están detenidos. Menos del 5 por ciento de esos ilícitos son delitos graves (los que a priori justificarían una privación de libertad). El problema es que hay muy pocas alternativas a la privación de libertad durante el proceso judicial y luego de la sentencia de culpabilidad.
* En su mayoría, los delitos cometidos son hurtos y robos, que en materia de niños, niñas y adolescentes no deberían implicar una restricción de libertad.
* Chubut y Neuquén fueron provincias pioneras en adecuar su legislación e instituciones, antes de la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el 2005. La Capital Federal, en cambio, mostró retrocesos: todavía tiene chicos inimputables (con menos de 16 años) retenidos en institutos penales.

Victoria Donda, diputada nacional (Libres del Sur), abogada y militante por los derechos humanos

* La sanción de un Régimen Penal Juvenil que reemplace la normativa vigente, dictada por la última dictadura, es impostergable y urgente, no como respuesta coyuntural a demandas de "mayor seguridad", sino en el contexto de políticas más abarcadoras y de largo plazo que garanticen la protección de niños y jóvenes. Nuestra sociedad y los sucesivos gobiernos de la democracia estamos en deuda con ellos.
* La falta de información y estadísticas confiables emanadas de los propios organismos que deberían planificar y atender la problemática de la niñez y juventud en riesgo es en sí misma una definición. Mal puede solucionarse aquello que evidentemente, o se ignora o no se considera.
* La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en nuestro país exige la inmediata implementación de medidas y la efectiva instrumentación de las disposiciones de la Ley 26.061. Se requiere una voluntad política de destinar los recursos humanos y materiales para ello.

Deborah Dobniewski, abogada, asesora de la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

* Comparativamente con el resto de los países latinoamericanos, Argentina aún hoy no tiene una ley penal juvenil acorde a los estándares internacionales. La discusión sobre la edad de imputabilidad ha empantanado hasta el momento la posibilidad de avanzar en ese sentido. Pero aun así -sin una ley penal juvenil razonable- han habido avances, tanto en los sistemas de protección, como en algunas jurisprudencias, dando respuestas que reconocen como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes.
* Hay que trabajar para lograr instalar en todas sus aristas un sistema especializado de justicia penal juvenil: formación de los actores y operadores, creación de una jurisdicción y ministerios públicos especializados, institutos de menores que fomenten la inclusión social y penas acordes a las edades (que la regla sea la aplicación de medidas restaurativas y la prisión preventiva, la excepción).
* El Ministerio de Justicia, en el marco del proyecto Justicia 2020, está realizando relevamientos para utilizar la información como insumo, tanto para la elaboración de un proyecto de ley penal juvenil para todo el país, como para colaborar con las provincias con capacitaciones.

Carla Carrizo, diputada nacional (UCR-Cambiemos), docente y doctora en Ciencias Políticas, especializada en temas de Familia, Infancia y Juventud, entre otros.

* De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, el encierro es una excepción y esa situación excepcional debe estar altamente resguardada y regulada. Hoy en día las leyes vigentes en Argentina son decretos de la dictadura militar (Régimen Penal de la Minoridad, ley 22.278/80 y la ley 22.803/83 modificatoria de la primera).
* La ausencia de justicia penal juvenil y la generalidad del régimen vigente habilitan prácticas discrecionales y todo tipo de arbitrariedades (en las provincias).
* La aplicación de la Convención de Derechos del Niño termina dependiendo de los operadores y no hay una mirada y una aplicación homogénea de los parámetros antes mencionados.

Laura Mussa, directora de Fundación Sur Argentina, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes

*Mientras el Estado no derogue el decreto ley 22.278 de Jorge Rafael Videla viola sistemáticamente los tratados de derechos humanos y la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Argentina a dejar sin efecto esa norma.
* En todos los países en que la cuestión penal juvenil se administra a través de Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil, la privación de libertad funciona como última ratio, sólo para los delitos graves y para la franja de edad más alta.
* Regímenes cerrados: Los Ejecutivos provinciales sólo son la hotelería de los jueces que aplican una ley inconstitucional. Si el centro o instituto de menores está en muy malas condiciones materiales es tortura para los chicos, pero si por casualidad la infraestructura fuera buena, los adolescentes igual estarían detenidos bajo una ley y sistema ilegales, inconstitucionales. No es pertinente ninguna detención bajo este decreto ley, que jamás se podría aplicar a un adulto.

*Del equipo de investigación de la agencia Télam.