17/09/2016 investigacin

El Defensor del Nio, a la espera de una respuesta judicial que obligue al Congreso a designarlo

La justicia deberá pronunciarse en los próximos días sobre un amparo presentado por organizaciones civiles para que se obligue al Congreso Nacional a designar al Defensor del Niño, figura que garantiza el acceso a la justicia de niños y adolescentes y que está vacante desde el 2009 cuando se sancionó la ley 26.061.

Por María Aguirre*

La justicia deberá pronunciarse en los próximos días sobre un amparo presentado por organizaciones civiles para que se obligue al Congreso Nacional a designar al Defensor del Niño, figura que garantiza el acceso a la justicia de niños y adolescentes y que está vacante desde el 2009 cuando se sancionó la ley 26.061.

Es decir que el Congreso Nacional podría ser intimado para que nombre a quien debe monitorear que se respeten los derechos de los niños, si así lo resuelve la jueza en lo contencioso administrativo federal 3, Claudia Rodríguez Vidal.

El reclamo histórico de organizaciones como Fundación Sur, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que sea reabierto el debate sobre la cuestión penal juvenil y que se establezca un régimen acorde con la Constitución Nacional.

Además, la mayoría de ellas considera que debería ser el Ministerio de Justicia el que se ocupe de los pibes privados de libertad y no el Ministerio de Desarrollo Social, por entender que, de esta forma, "se maquilla con cuidados asistenciales la persecución penal de los adolescentes pobres".

Para la ex diputada nacional socialista y coautora de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, María Elena Barbagelata, el Defensor del Niño "cumple una función de denuncia y tutela" porque vela por el "interés superior del niño", reclama y exige el "respeto por los derechos humanos de los niños" y asegura que "no queden en el papel".

"Pensar seriamente en un cambio de la condición de los adolescentes presos en Argentina obliga con urgencia a derogar el decreto ley del ex represor Jorge Rafael Videla (22278), aún vigente, que permite privar de libertad a los adolescentes con denuncia policial, con la excusa de un inexistente tratamiento tutelar, para luego juzgarlos como adultos cuando cumplen 18 años", opinó la ex asesora general tutelar de la ciudad y directora de Fundación Sur Argentina, Laura Musa.

De hecho, en el 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por haber impuesto penas de prisión perpetua a cinco menores de edad, uno de los cuales murió ahorcado en prisión en circunstancias poco claras.

Además, instó al país a sancionar un régimen de justicia penal juvenil ajustado a los estándares mundiales y en consonancia con los derechos consagrados por las convenciones internacionales.

La CIDH -que orbita en la OEA- sentenció a nuestro país a anular las penas de prisión perpetua para menores y a revisar las condenas que pesan sobre personas que cometieron delitos siendo adolescentes alcanzados por un régimen penal especial.

El tribunal analizó cinco casos presentados en 2002 y decretó la responsabilidad argentina en la violación de los derechos humanos de esos jóvenes sentenciados a condenas que deberían estar reservadas a los adultos.

En diciembre pasado, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) pidió la intervención de la Corte Suprema ante "la grave situación de los jóvenes alojados en institutos de menores", en una presentación que realizó en forma conjunta con la Fundación Sur, el Cels, Amnistía Internacional Argentina y la ex relatora de los derechos del niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Rosa Ortiz.

Este año el máximo tribunal del país ordenó al Estado permitir que se controlen las condiciones de encierro de los centros de detención de menores, en una causa iniciada en el 2014 luego de que la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) impidiera a la PPN una "visita de inspección" al Instituto Manuel Belgrano de esta capital.

Musa se quejó de que tanto los gobiernos anteriores, como los actuales, a nivel nacional y provincial, "buscan impedir que los organismos de derechos humanos inspeccionen las cárceles" y que así "los niños y jóvenes siguen viviendo en las mismas condiciones de encierro que fueron denunciadas en reiteradas ocasiones".

Damián Muñoz, defensor oficial de menores de Capital Federal y miembro de la Comisión de Infancia de la Defensoría General de la Nación, resaltó que "un año o dos privados de su libertad es para los adolescentes el equivalente a diez años para un adulto".

*Del equipo de Investigación de la agencia Télam.