18/08/2016 en su fallo por tarifas

La Corte exhort al Congreso a designar un defensor del Pueblo

El máximo tribunal entendió que la vacancia de ese cargo, que ya lleva más de siete años, “afecta negativamente en el acceso a la Justicia de un número indeterminado” de personas.

Así lo afirmó Corte Suprema de Justicia en el fallo con el que, por unanimidad, declaró nulo el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales y estableció que, para la fijación de nuevos valores, son obligatorias las audiencias públicas.

“En las condiciones reseñadas y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para que proceda a su designación de acuerdo a lo establecido con el artículo 86 de la Constitución Nacional”, señala el fallo de la Corte Suprema.

Previamente, sostiene que “no puede dejar de señalarse” que el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación “se encuentra vacante, circunstancia que afecta negativamente en el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios”.

En este sentido, destaca que la Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución creada por la Constitución Nacional -a partir de su Reforma de 1994- como órgano específicamente encargado de “la tutela de los derechos de incidencia colectiva”.

De acuerdo con lo establecido por la Carta Magna, la Defensoría del Pueblo de la Nación es un órgano autónomo que depende del Congreso de la Nación, del mismo modo en que lo hace la Auditoría General de la Nación.

La designación del Defensor debe contar con la aprobación de los dos tercios de los presentes en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y el nombre del postulante para ese cargo debe surgir de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, actualmente sin siquiera estar constituida.

Distintas organizaciones de la sociedad civil -entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano- vienen reclamando hace años la urgente designación de un Defensor del Pueblo de la Nación.

Ese cargo quedó vacante en abril del 2009, cuando renunció Eduardo Mondino, quien, tras una década de trabajo, se alejó del puesto para dedicarse a la vida política, en ese momento como candidato a senador nacional por el justicialismo cordobés.