07/08/2016 Congreso

El gobierno apura una nueva ley que sanciona a empresas que promuevan la corrupcin

El Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso un nuevo proyecto de ley para establecer un marco legal de responsabilidad pena de empresas y otras personas jurídicas para prevenir delitos de corrupción de multinacionales.

Mara Laudonia

Por Mara Laudonia

Con el objetivo prevenir delitos de corrupción de multinacionales, a tono con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la materia, el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas el proyecto de ley.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, está al frente de la iniciativa y actualmente la misma tiene la forma de un anteproyecto que ya se presentó ante distintas cámaras empresarias, como de la Construcción, que preside Juan Chediack, de los industriales (UIA) y tiene previsto continuar con la ronda de encuentros en los próximos días, para los que ya se anotó la Cámara de Comercio.

El borrador del texto, al cual tuvo acceso Télam, prevé sanciones del tenor de multas de hasta 20% de los ingresos de la firma, en casos severos; inhabilitación para operar en el país de firmas por hasta 10 años; imposibilidad de participar en licitaciones públicas o de recibir beneficios de parte del Estado; entre otras.

"La intención del Gobierno es tener aprobado el proyecto para octubre, momento en que vendrá al país una nueva misión veedora de la OCDE" para analizar los avances en el tema, antes de la elaboración del informe sobre el país que tendrá lugar en marzo de 2017, según indicaron a Télam fuentes de la Oficina Anticorrupción.

Este nuevo marco legal es una de las exigencias de la OCDE para que el Gobierno pueda aspirar a convertir a la Argentina en el país miembro.

En abril último, una misión de la OCDE que visitó el país se reunió con funcionarios y legisladores y se mostró "preocupada" por los escasos avances de la Argentina en la materia.

El Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales que integran los 34 países de la OCDE y otros, entre ellos la Argentina, "ha instado en repetidas ocasiones a Argentina, durante más de 15 años, a reforzar sus medidas en la lucha contra la corrupción y el cohecho internacional", rezó el comunicado oficial.

En ese tiempo, el Grupo de Trabajo "ha recomendado a Argentina cambiar su legislación para exigir responsabilidad a las empresas en casos de corrupción y para ampliar su jurisdicción a nacionales argentinos que cometan en otros países actos de cohecho internacional", entre otras cuestiones "urgentes", según el último texto oficial de la OCDE con el país.

Para la OCDE, "el paquete de reformas legislativas y el plan Justicia 2020 anunciado por el Gobierno del Presidente Macri permitirían abordar las recomendaciones del Grupo de Trabajo, cuya aplicación está pendiente desde hace más de una década".

El nuevo proyecto, busca saldar una deuda pendiente desde el gobierno de Fernando De La Rúa, al proponer "adaptar el sistema penal argentino en materia de delitos de corrupción contra la Administración Pública y el soborno trasnacional a los estándares internacionales", que Argentina adhirió en 1997 y entró en vigencia en abril del 2001.

En primer lugar se requiere "tipificar como delito penal a la figura del soborno transacional activo, actualmente prevista y reprimida en el artículo 258 bis del Código Penal", según sostiene el anteproyecto.

En la Argentina sólo se prevén sanciones penales contra la administraicón pública para las personas físicas pero no hay sanciones para las empresas ni otras personas jurídicas.

Uno de los objetivos es "lograr un mayor compromiso del sector privado en la prevención de la corrupción y una mayor cooperación con las autoridades públicas en su detección e investigación".

El texto sostiene que "la falta de riesgos legales para las empresas y otras personas jurídicas "incrementa los incentivos de obtener rentabilidad por medios que pueden devenir en delitos de corrupción".