24/06/2016 opinin

Tenemos la responsabilidad de activar el antivirus de la transparencia

La diputada Karina Banfi (UCR en Cambiemos) opinó para Télam sobre la aprobación anoche en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido para casos de corrupción, por el cual las personas que brinden información veraz para esclarecer este tipo de delito contra el erario público tendrán la reducción en las penas, pero no la extinción de las condenas.

Por Karina Banfi (*)

En el contexto de la sesión especial en la que aprobamos leyes claves para combatir la corrupción sostengo que cuando hablamos de corrupción hacemos referencia a un problema del sistema, a un virus dentro de nuestro Estado Democrático de Derecho. Como dijo hace poco un periodista de investigación, es una cuestión de sistema, no de hombres. Tampoco de partidos.

Pero sí es un problema de nombres. De nuestros nombres, de los del presente. De los que tenemos hoy la responsabilidad de generar un programa antivirus que proteja nuestro sistema democrático, con sus procesos políticos y administrativos. Tenemos la oportunidad y el deber de programar el antivirus para que el Poder Judicial lo ponga a funcionar. La aplicación de la ley, la reducción de impunidad, son herramientas clave para frenar y erradicar al virus.

Cada uno de nosotros, de los legisladores que conformamos la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ya demostramos, hace pocas semanas, la voluntad de construir el antivirus; le dimos media sanción a una ley de acceso a la información pública. Entendemos que la transparencia de los procesos políticos y administrativos constituyen una parte fundamental del programa para controlar y erradicar la corrupción.

La luz del sol es el mejor desinfectante, dijo un gran juez en siglo pasado. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que estamos dispuestos a dejar que entre el sol, y que la mirada ciudadana revise cada recoveco del poder democrático y de su administración.

Necesitamos herramientas que permitan reducir la impunidad que es, por supuesto, una manifestación de la corrupción. Pero también es una consecuencia de sistemas normativos y de cuerpos judiciales limitados. Por todo esto es que estamos ampliando la caja de herramientas de los funcionarios judiciales, para que puedan aplicar la ley con mayor eficacia.

La extinción de dominio es una herramienta que permite acceder al control de los bienes de la corrupción con los procedimientos y las garantías específicas del derecho de propiedad, que son más expeditivas que las del derecho penal. De este modo, mientras el principio de inocencia de los acusados de corrupción debe ser protegido con todas las garantías del derecho penal, los bienes tienen estándares más bajos de garantías, normas sustanciales y procesales que permiten que la justicia controle los botines de la corrupción más expeditivamente.

El arrepentido es una figura que permite cortar la trama de silencios y complicidades de la corrupción. La corrupción, dijo un gran escritor, es como un partido totalitario. Requiere del silencio y de la complicidad activa. Esto es la omertá. La figura del arrepentido nos permite tocar nuestra propia melodía y no el ruido espantoso de la corrupción.

Podemos tener diferencias de miradas sobre la adecuación de estas herramientas. Podemos tener diferentes visiones del país, del mundo, de la historia y de nuestro tiempo. Lo cierto es que estamos creando nuevas leyes para una nueva época. No podemos esquivar el deber de programar este antivirus. A los ciudadanos les debemos una respuesta. A ellos no les importa de qué partido son los funcionarios corruptos, ni de qué partidos somos nosotros. Quieren vernos reaccionar, quieren vernos construir. Debatamos de buena fe, debatamos con un objetivo en común: que nunca más la función pública sea una herramienta para robar.

(*) Diputada nacional UCR en Cambiemos. Vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión.