03/06/2016 internet

Según expertos, la región no está preparada para protegerse de la ola de delitos informáticos

Desde el grooming al sabotaje o el robo de datos sensibles, los delitos informáticos se multiplican en Sudamérica de la mano de la penetración de Internet y la masificación de la redes sociales, y constituyen una problemática que la mayoría de los gobiernos de la región no está preparada para enfrentar, según coinciden expertos.

Martiniano Nemirovsci

Por Martiniano Nemirovsci

Hacking, calumnias e injurias, suplantación de identidad, amenazas, fraude, cracking, phishing, violación de datos personales, grooming, malware, denegación de servicio y pornografía infantil son los incidentes más denunciados a nivel regional, según el informe del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica (Odila), una iniciativa de la sociedad civil que busca sobrellevar la falta de estadísticas oficiales.

Si bien la lista no es exhaustiva -está elaborada en base a 1290 denuncias realizadas durante 2015 desde 18 países latinoamericanos-, pretende brindar una herramienta a la sociedad y fomentar la realización de denuncias formales ante los organismos competentes.

Se trata de “reportes que realizan las personas en forma anónima” y es por lo tanto “un porcentaje muy bajo de lo que realmente sucede”, explicó en diálogo con Télam Cristian Borghello, director del Proyecta Odila, que surgió en 2014 porque “no hay ningún ente que recopile esa información” y con el objetivo de “ayudar al ciudadano para que sepa cómo actuar” en estos casos.

Según el informe, más del 70% de los denunciantes son personas físicas. Sin embargo, en más del 68% de los casos estas denuncias no fueron realizadas de manera formal -lo que aumenta la llamada “cifra negra”-, tanto por la “falta de confianza en que las investigaciones tengan éxito” así como por la elección de “priorizar la confidencialidad del incidente sufrido”.

“A nivel general, el delito más denunciado es la amenaza u hostigamiento virtual. Con la masificación de las redes se hace mucho más simple y más anónimo este tipo de amenazas”
Esta última razón se pone aún más de manifiesto en las escasas denuncias realizadas por empresas, sobre todo si se tiene en cuenta que durante 2015 los incidentes de seguridad entre las compañías sudamericanas aumentaron un 109% y las pérdidas financieras vinculadas lo hicieron en un 58%, según la Encuesta Global de Seguridad de la Información 2016 publicada por la consultora PWC.

“A nivel general, el delito más denunciado es la amenaza u hostigamiento virtual. Con la masificación de las redes se hace mucho más simple y más anónimo este tipo de amenazas”, explicó a Télam Ezequiel Sallis, analista del Área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Especiales y Complejas de la Policía Metropolitana.

“Después está lo vinculado a la pornografía infantil”, continuó el experto, quien consideró que en la región “es cada vez mayor la necesidad de este tipo de fiscalías e investigadores especializados” ya que “en general la problemática es la misma en todos lados: se necesitan herramientas para el trabajo: capacitación, leyes, etcétera”.

Un capítulo aparte tal vez merece la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2012 creó la primera Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del país y un año después firmó un convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de los Estados Unidos, que detecta casos de pornografía infantil e informa al organismo porteño. Éste comienza la investigación de cada caso, cualquiera sea la jurisdicción donde se cometió el posible delito, y luego la deriva al fiscal que corresponda a través de la Red 24/7, conformada por representantes de todas las fiscalías y procuraciones del país.

 Desde que se encarga de estos temas, la Fiscalía porteña observó un marcado crecimiento de casos de pornografía infantil en la Ciudad, como se observa en el crecimiento de casi el 300% de las denuncias entre 2014 y 2015, que pasaron de 1.197 a 3.168.

Más allá de este caso, la mayoría administraciones de la región “no están preparadas” para hacer frente a los delitos informáticos, afirmó Sallis, y detalló que “están despertando, empezando a entender el problema. Va a ser trabajoso armar un equipo de trabajo adecuado”.

“Las herramientas legales no están a la altura de los nuevos delitos y los nuevos paradigmas de investigación. Estamos investigando delitos 3.0 con herramientas 1.0”, sentenció, y destacó que si bien “Chile y Argentina están un pasito más adelante respecto de las legislaciones tecnológicas”, el nivel “es bastante homogéneo, no hay ningún país que en la región se destaque sobre el resto”.

Esta preocupación es compartida al más alto nivel político regional, como da cuenta el “Informe Ciberseguridad 2016 ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe?”, realizado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad de Oxford.

“Las herramientas legales no están a la altura de los nuevos delitos y los nuevos paradigmas de investigación. Estamos investigando delitos 3.0 con herramientas 1.0”
Allí se explicita que “cuatro de cada cinco países de la región no tienen estrategias de ciberseguridad o planes de protección de infraestructura crítica”, mientras que “dos de cada tres no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética” y “la gran mayoría de las fiscalías carece de capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras carencias”.

El informe, que analiza el estado de preparación de 32 países, indica que Uruguay, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago tienen “un nivel intermedio de madurez pero lejos de países avanzados como Estados Unidos, Israel, Estonia y la República de Corea”.

Según el titular del BID, Luis Alberto Moreno, “en América Latina y el Caribe, este tipo de delitos nos cuestan alrededor de 90.000 millones de dólares al año”, mientras que “el cibercrimen le cuesta al mundo hasta 575.000 millones de dólares al año, lo que representa 0,5% del PIB global”.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció en el informe que el aumento en la frecuencia y sofisticación de estos ataques muestran que “el delito cibernético no reconoce fronteras nacionales y que se requiere un esfuerzo multilateral y multidimensional para abordar la cantidad de amenazas informáticas”.

Y afirmó que "la necesidad de continuar con cooperación multilateral y la creación de capacidad sigue siendo igual de urgente" ya que "solo trabajando juntos podemos seguir el ritmo y asegurar que los beneficios de este dominio digital nuevo y en expansión supere los riesgos y los costos".