28/04/2016 Espaa

El fiscal vuelve a la carga para intentar salvar a la infanta Cristina

Lo único que separa hoy a la hermana del rey Felipe VI de la absolución automática por los delitos de evasión fiscal que afronta es la acusación de una organización ultraderechista, Manos Limpias, cuyo líder fue detenido por extorsionar a políticos y empresarios, incluida la propia infanta Cristina.

El fiscal, que siempre defendió su inocencia, quiere utilizar esta situación inédita y escandalosa para salvarla.

El histórico juicio contra Cristina de Borbón pende de un hilo desde que salió a la luz que Manos Limpias, sobre la que recae el peso de la acusación, pidió 3 millones de euros a cambio de retirar los cargos contra la hermana del monarca, cuya imputación en el caso de corrupción "Nóos" puso en jaque a la Corona española.

La información se desprendió de la "Operación Nelson", la causa por la que el 15 de abril fueron detenidos el líder de ese seudo sindicato ultraderechista, Miguel Bernard, y el presidente de la asociación de usuarios de la banca Ausbanc, Luis Pineda, por haberse asociado para extorsionar a entidades bancarias, políticos y empresarios, a los que pedían dinero para retirar demandas judiciales que habían presentado contra ellos.

El arresto de Bernard cayó como una bomba en el mediático juicio que comenzó en enero en Palma de Mallorca, ya que la imputación de la infanta sólo se mantiene en pie debido a la "acusación popular" ejercida por Manos Limpias, que pide para ella ocho años de prisión.

En contra del criterio del juez que instruyó el caso, José Castro, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado -que representa a la Hacienda española- consideran que la ex duquesa de Palma no cometió ningún delito.

Por lo tanto, si se cae la acusación de Manos Limpias, de poco servirá que existan indicios de que Cristina de Borbón cooperó con su esposo, Iñaki Urdangarin, en la evasión y lavado de parte de los millones de euros que presuntamente éste se apropió a través del Instituto Noós, una fundación que hacía negocios con gobiernos del Partido Popular (PP).

Pese a que Bernard está sospechado de actuar por intereses espurios, la abogada de Manos Limpias en el caso, Virginia López Negrete, insiste en seguir adelante en el proceso porque su cliente, que es la entidad jurídica, no está imputada.

El tribunal ya desestimó la semana pasada un pedido de los abogados de varios acusados -al que no se sumó su defensa- de expulsar a Manos Limpias del proceso, aunque dijo que se pronunciaría al respecto en la sentencia.

Al argumentar la decisión, la presidenta de la sala, Samantha Romero, exigió "rigor" a los letrados recordando que "no hay sentencia firme contra nadie" en el marco de las investigaciones contra Bernard.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Pedro Horranch, cree que se abrió una puerta para librar a la infanta del juicio.
"Hay que valorar la documentación (de la Audiencia Nacional respecto a Bernard), y en función de eso se hará un pedido", dijo hoy después que el diario El País publicó que intentará demostrar "fraude procesal" en la acusación contra la hermana del rey.

Esto "sería posible si se aplicara el Artículo 11 de la ley de Orgánica del Poder Judicial, que establece que los tribunales rechazarán las acusaciones que se formulen con abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal", explicó a Télam Vicente Gimen Sendra, Catedrático en Derecho Procesal.

Para ello, el fiscal debe demostrar que Manos Limpia "extorsionó a la defensa", añadió el experto de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). "Y puede hacerlo aunque no haya sentencia", apuntó.

En la resolución que ordena el ingreso a prisión de Bernard y Pineda, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz detalla las maniobras de extorsión realizadas.

De acuerdo con el juez, el 29 de febrero, Pineda -que ha sido señalado como el jefe de la organización criminal que se dedicaba a extorsionar- llamó al director general de la Fundación La Caixa para proponerle la retirada de la acusación de Manos Limpias contra la infanta, que trabaja para esa entidad.

Le pidió proceder como con el caso de Unicaja en Sevilla, por el que se llegó a pagar 1 millón de euros para dar marcha atrás a la acusación de su presidente en otra famosa causa.

Luego de esos contactos, la infanta declaró ante el tribunal. El 3 de marzo, Pineda habla con Francisco Javier Castro, responsable de comunicación de Manos Limpias, y refiriéndose a la actuación de la abogada López Negrete afirma: "se ha pasado". A continuación, añade que "tendrá que plegar velas", "hacer lo que deba hacerse, no lo que guste a ella, aparte de que su momento de gloria ya lo ha tenido". Se refería a que debía prepararse para retirar la querella.

Poco después, el 14 de marzo, Pineda contacta con el subdirector general del Banco Sabadell, de cuyo directorio forma parte Miquel Roca, abogado de Cristina, para "negociar el archivo" de la causa en su contra.

El subdirector y el propio Roca denunciaron lo ocurrido ante la Policía. Seis meses antes, Bernard y el propietario de una empresa de seguridad le pidieron 2 millones de euros y luego Pineda elevó la cifra a 3 millones, según testificaron.

A pesar de estas pruebas, Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, cree que el "caso Manos Limpias" no debería afectar el juicio Nóos.

"En el caso extremo que se disolviera Manos Limpias o se considera que hubo extorsión no debería alterar que haya una acusación planteada válidamente, porque se supone que el juez consideró que había unos hechos que constituyen delito y debe resolver lo que se ha planteado con independencia", afirma Bujosa Vadell.

No obstante, admite que la jurisprudencia mayoritaria sostiene que si la acusación desaparece el tribunal debe absolver.
La pregunta que se hacen muchos en España es cómo un juicio de este calibre y trascendencia pudo quedar tan comprometido.

"El gobierno ha sido irresponsable y dejó en manos de una organización de extrema derecha la defensa del interés común", lamenta ante Télam Simona Levi, fundadora de X.net, plataforma que promueve la democracia en red.

Parte de los impuestos que la infanta ayudó a evadir a su marido en 2007 y 2008 a través de la empresa conyugal Aizoon, debía pagarlos en Cataluña, donde residían.

El Grupo contra la Corrupción en Cataluña -una iniciativa ciudadana- consiguió en 2015 que el parlamento regional aprobara que el gobierno catalán se presente como acusación contra la infanta, pero no lo hicieron.

"Si hubiesen actuado siguiendo en el mandato de la ciudadanía, el juicio no estaría en riesgo", sentencia Levi.