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 El juez federal Sebastián Casanello afirmó que el video que muestra a un grupo de personas contando dinero en la financiera SGI "es una prueba" nueva que no tenían en la causa que investiga por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín.

En cambio, desligó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de este expediente al asegurar que “en este proceso no está involucrada”, por lo que no prevé llamarla a prestar declaración indagatoria como sospechosa de ese delito.

"El video es una prueba de otro calibre. Es claramente una prueba que no teníamos y que está cambiando todo el escenario", afirmó el juez en declaraciones a radio La Red.

Recordó que tras la difusión de las imágenes su juzgado pidió la copia al canal que lo transmitió, y citó a indagatoria a las personas que aparecen en él, ya que "no es lo mismo contar dinero en tu casa, o en un banco, que en una cueva".

"Si nosotros hicimos un llamado a indagatoria es porque consideramos que en principio esa situación tiene la sospecha de ser un hecho delictivo", aseveró el juez.

Dijo no saber quién proveyó el video al canal que lo transmitió, a pesar de lo cual el juzgado le otorga "validez a la prueba".
El video habría sido grabado en el 2012 por cámaras de seguridad en la financiera SGI, también conocida como "La Rosadita".

"El video es una prueba de otro calibre. Es claramente una prueba que no teníamos y que está cambiando todo el escenario"
En las imágenes se ve a Martín Báez, al contador Daniel Pérez Gadín y a Fabián Rossi contando fajos de dinero que llegan en bolsos que deben ser arrastrados por su peso.

Se trata de la causa iniciada por el testimonio periodístico del ex propietario de esa financiera, Federico Elaskar, y de Leonardo Fariña, quienes aseguraron que allí se recibían bolsos de dinero como se observa en el video ahora publicitado.

Casanello destacó la complejidad del expediente, ya que en los tres años que tiene la causa "se han tomado muchos testimonios, que luego se contradicen".

Los siete imputados, entre ellos Martín Báez, fueron citados a partir del 18 de abril, mientras el juez espera recibir datos solicitados sobre el estado de sus cuenta bancarias y otras medidas de prueba.

"Es una barbaridad" que digan que demoro la causa (que lleva tres años) para "proteger" a la ex presidenta, ya que el delito que se investiga es "lavado de dinero".

Fuentes judiciales dijeron que la hipótesis de Casanello es que el dinero lavado es producto de una evasión de impuestos que se realizó con el uso de facturas falsas para simular la contratación de empresas en la ejecución de obra pública en Santa Cruz.

Para demostrarlo le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos “un amplio informe” de las empresas Constructora Patagónica Argentina, Calvento SA, Grupo Penta SA, Terrafari SA, CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA, E&J Argentina SRL, Bahia Acoplar SA y Scarsur Bahía SA, sospechadas de haberle emitido a Báez facturas por servicios que nunca realizaron y con las que el empresario evadió impuestos.

También solicitó que el Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz presente en 72 horas un informe con todas las obras públicas que en 2012 tenían en ejecución las empresas del grupo de Báez (Austral Construcciones, Epsur S.A., Gotti SA, Kank y Costilla SA, Badial SA) “con un listado completo de todos los pagos certificados de obras que se hubieren realizado a lo largo de ese período”.

Esas pruebas fueron solicitadas por la diputada Margarita Stolbizer la semana pasada.

“Nosotros no podemos salir a la calle con un anotador y buscar pruebas y anotarlas, como haría un periodista. Tenemos que basarnos en la Constitución, en el Código, y en las leyes", contrapuso Casanello.

Dijo también en defensa de la transparencia de la causa que "tiene como acusadores a la AFIP, la UIF, y a Margarita Stolbizer, por ejemplo", y preguntó: "¿Le parece que un juez puede hacer algo sospechoso donde hay tantos ojos?".

El juez Casanello confirmó también que solicitó información acerca eventuales cuentas, empresas y negocios de los imputados a Panamá, Estados Unidos, Belice, Suiza y Uruguay, y que "el único que respondió fue Uruguay" y lo hizo “en forma parcial”.

Sostuvo que la falta de respuesta de los otros países “de ningún modo se debió a que los exhortos estaban mal hechos, porque estaban perfectamente confeccionados”, sino a esos países que “resolvieron no contestar”, lo que "derivó en una protesta formal nuestra”.

El magistrado insistió en señalar que la causa “lleva un ritmo más que adecuado” dado que, como en todo investigación de lavado de dinero, “los lavadores se encargan de que no queden rastros, que no queden huellas” de sus movimientos.
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