18/02/2016 tras el anuncio oficial

El Protocolo de Seguridad gener repercusiones encontradas

La medida fue presentada por la ministra Bullrich con el onjetivo de ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas; sin embargo, dirigentes y organizaciones políticas y sociales adviertieron sobre la criminalización de la protesta.

El Protocolo de Seguridad anunciado por el Gobierno, tendiente a garantizar la libre circulación ante cortes de calles y rutas, generó diversas repercusiones en el ámbito político.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que los manifestantes tendrán "5 o 10 minutos" para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados, a partir del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia en los próximos días.

"Les daremos 5 o 10 minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó Bullrich en declaraciones a radio La Red, en relación al protocolo difundido ayer por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".

La ministra consideró que la jornada de ayer, en la que se registraron unos 200 cortes en todo el país pidiendo la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amarú Milagros Sala, fue un "caos" y desde el Gobierno "no queremos que esa situación siga sucediendo".

En este sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que coincide “en términos generales” con el nuevo Protocolo de Seguridad de Nación, pero aclaró que “bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta”.

"Coincidimos en términos generales que no se puede obstruir una arteria o una ruta, pero no coincidimos con que si en 5 minutos no se desaloja se manda a la fuerza de seguridad", sostuvo Pullaro.

A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la resolución del gobierno nacional para limitar las manifestaciones callejeras a través del denominado Protocolo de Seguridad, ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y a la vez "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social" en la Argentina.

Así lo hizo saber la institución -que conduce el escritor y periodista Horacio Verbitsky- a través de un comunicado de prensa difundido en las redes sociales y bajo el título: "Limitación del derecho a la protesta".

"El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al 'orden público' por encima de todo", señala el documento del CELS.

En tanto, las distintas fuerzas que integran el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) manifestaron su rechazo al protocolo y adelantaron que la diputada Myriam Bregman presentará en el Congreso Nacional un proyecto de resolución para "rechazar y repudiar enérgicamente" la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En ese sentido, Bregman calificó como "increíble" que "con una mera resolución ministerial se pretenda avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización de los trabajadores y el pueblo".

Por su parte, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, manifestó que "es un error la decisión del gobierno provincial de no adherir al protocolo que lleva adelante Nación para intervenir en cortes de ruta o calles".

El funcionario hizo esta mañana varias publicaciones en la red social Twitter, en las que señaló que "es el Estado quien tiene la tutela del espacio público porque de lo contrario se impone la ley del más fuerte".

"Una cosa es la protesta social, que puede tener causas legítimas, pero otra cosa es avanzar sobre los derechos del resto de los ciudadanos", continuó.

Por su parte el ex senador nacional y dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista MNA Forja, Leopoldo Moreau expresó que el protocolo sobre manifestaciones "no sólo es una grave regresión autoritaria, sino que revela que la represión está entre sus prioridades”.