23/12/2015 Entre Ros

Condenan a represores en la causa "rea Paran" por delitos de lesa humanidad

Siete represores imputados de delitos de lesa humanidad en perjuicio de 52 víctimas, cinco de las cuales permanecen desaparecidas en la ciudad de Paraná, fueron condenados a penas que van desde cadena perpetua a tres años de prisión.

Las condenas impuestas por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, son, salvo la del ex policía federal Cosme Demonte, condenado a cadena perpetua, sensiblemente menores a las solicitadas por los abogados querellantes y la fiscalía.


Según el veredicto, el ex policía federal Demonte fue condenado a prisión perpetua; el ex militar Jorge Appiani a 18 años de prisión; el ex director de la cárcel de Paraná, José Appelhans, a 14 y el ex médico de los Institutos Penales, Hugo Moyano, a 8.

En tanto, fueron liberados por el juez Ríos la ex directora de la cárcel de Mujeres, Rosa Bidinost, y los ex militares Alberto Rivas y Oscar Obaid, condenados a seis años de prisión los dos primeros y a tres años el tercero, debido a que, por el paso del tiempo, las condenas ya se cumplieron.

El fallo provocó quejas de los organismos de derechos humanos porque para Appiani, quien en varias oportunidades a través de presentaciones judiciales dilató la causa, la querella había pedido prisión perpetua y la Fiscalía 25 años de prisión, al igual que para Appelhans.

En cambio, Hugo Moyano, para quien la querella pidió 15 años y la fiscalía 18, fue sentenciado a ocho años de prisión, de los cuales ya cumplió seis.

En el caso de los liberados, la fiscalía y la querella habían pedido para Alberto Rivas 25 años de prisión; para Bidinost, los querellante solicitaban 25 años y la Fiscalía 15 años; y para Oscar Obaid, la querella había pedido 25 años y la fiscalía ocho.

Al respecto, el querellantes, Marcelo Boeykens, adelantó hoy que que apelarán la decisión del juez Ríos y dijo que en el caso de Demonte, se aplicó "la pena pedida por la querella, pero no fue así respecto del resto de los acusados, entre los cuales hay dos penas relativamente importantes, pero el resto son menores".

Las actuaciones de la causa Área Paraná se tramitaron por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, con una dinámica completamente distinta a la de cualquier juicio oral y público.

Soló se desarrollaron de manera oral y pública las testimoniales de 2014 por decisión el juez Ríos, luego de un pedido de familiares y víctimas de la represión.

En la causa Área Paraná se investigaron delitos contra 52 víctimas y las desapariciones de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández, y Juan Alberto Osuna.

El ex policía federal Demonte estaba acusado de asesinar en la vía pública a Sobko, y el abogado y ex militar Appiani de hacer firmar a los presos políticos las declaraciones incriminatorias arrancadas bajo tortura en los centros de detención.

Al médico Moyano se lo acusó de controlar el estado de las víctimas durante las sesiones de tortura; y a Appelhans, Bidinost, Rivas y Obaid de aplicar toda clase de tormentos a los detenidos.

La causa Área Paraná se inició con la recuperación democrática y fue interrumpida con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1987.

La anulación de esas normativas en 2003 permitió que se retomara la investigación, aunque sufrió permanente dilaciones por los reclamos presentados por los abogados defensores de los imputados, que lograron extender el proceso por un lapso superior a los 12 años.

La Multisectorial de Derechos Humanos, víctimas, querellantes reclamaron reiteradamente a la justicia federal local el aceleramiento de la causa y que las audiencias se realicen de manera oral y pública y no por el viejo sistema.

La causa Área Paraná tuvo 21 imputados pero, por el paso del tiempo, la mayoría de ellos murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.

Según la causa, a partir del 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin serles permitido higienizarse ni concurrir al baño más que una vez al día.

Eso ocurrió en Paraná, en los cuarteles del Ejército, en comisarías, en la cárcel, en inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea y en otros sitios, adonde eran trasladados para los interrogatorios y aplicación de tormentos.

En algunos casos, los terminaban asesinando y se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad.

Algunos fueron sometidos a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo amenazas, vejaciones y tormentos.