29/09/2015 gremios

"Momo" Venegas fue imputado por forzar la desafiliacin de trabajadores de un gremio que le compite

La fiscalía de instrucción y juicio Número 6 de La Plata imputó formalmente al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, y a su obra social, Osprera, por el delito de coacción.

Venegas integra la "pata peronista" del armado político del candidato a presidente de Cambiemos, Mauricio Macri, y el 8 de octubre próximo inaugurarán juntos el primer monumento al ex presidente Juan Domingo Perón, en la Ciudad de Buenos Aires.

El "Momo" fue denunciado por un trabajador afiliado al Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (Satha), quien sostuvo en sede judicial que lo obligaron a renunciar a su afiliación gremial y pasarse a la Uatre como condición para ser atendido en Osprera.

El fiscal Marcelo Romero recibió las declaraciones testimoniales de cinco trabajadores que pasaron por la misma situación.
En dos casos, los testigos sostuvieron que empleados de la propia Osprera redactaron por ellos las cartas de renuncia al Satha como condición para ser recibidos.

La fiscalía ordenó una serie de medidas de prueba que serán realizadas por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata.

"Desafiliate a Satha o no te atendemos", fue lo que le dijeron al trabajador Juan Bautista Di Carlo en reiteradas oportunidades, según consignó hoy el diario Página/12.

Producto de esta situación, el sindicato formuló la denuncia penal el pasado 5 de julio, luego de recibir varios telegramas de renuncia.

"Cuando empezamos a indagar un poco, nos enteramos de que Osprera les reclamaba su afiliación a la Uatre para ser atendidos", narró a Página/12 el secretario general de Satha, Gustavo Arreseygor.

Los abogados del gremio ampliaron la denuncia en la cual se incorporaron más declaraciones testimoniales, y según informaron desde la fiscalía, dos de los declarantes contaron que los propios directivos de la obra social Osprera escribieron la carta de renuncia al Satha.

Pero existen más de cinco damnificados, por eso el fiscal Romero le pidió a la Departamental de Investigaciones que solicite en Satha todos los telegramas recibidos desde enero hasta el momento de la denuncia para determinar el universo total de los perjudicados por el accionar del titular de la Uatre.

"Lo que se investiga es si hubo coacción, es decir si las personas que renunciaron al sindicato (Satha) fueron amenazadas con no ser atendidas por la obra social", indicaron desde la fiscalía de La Plata.

Una vez que la Departamental de Investigaciones platense finalice con todas las medidas de prueba solicitadas, el expediente volverá a la fiscalía 6 y Romero definirá los pasos a seguir.

Estos hechos comenzaron en enero de este año, cuando el Satha inició los trámites para la extensión de su convenio colectivo de trabajo hacia toda la provincia de Buenos Aires.

La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, firmó el pedido del sindicato en junio de este año, y de esta manera, el Satha comenzó a recibir los aportes patronales solidarios que antes recibía la Uatre.

Es decir que frente a la pérdida de territorialidad en la provincia de Buenos Aires, la respuesta aparente de Venegas fue negarle la atención a los trabajadores que no estuvieran afiliados en Uatre.

"Los trabajadores tienen una seria dificultad de representación. El sindicato de la Uatre que conduce Venegas se dedicó a establecer una relación estrecha con los sectores patronales. Eso es perjudicial para los trabajadores, en cualquier ámbito", sostuvo a radio Nacional, el jefe de la sección 6 del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), Lucas Martínez.

Ese vínculo estrecho quedó plasmado en un informe de la Sindicatura General de la Nación que determinó que entre 2008 y 2012, sobre un total de 2.145 certificados de deudas por multas por un valor de $ 9,7 millones, el ex Renatre, organismo que conducía Venegas junto a los dirigentes de la Mesa de Enlace, había gestionado el cobro de tan sólo 566 multas, es decir, $ 2,1 millones.

En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos –por multas no cobradas– de casi $ 7 millones.

Los magros resultados de la fiscalización y la recaudación no le impidieron a Venegas destinar casi $ 16 millones en contratos para Gregard, la empresa dedicada a realizar las fiscalizaciones, y Trivio, encargada de las cobranzas.