22/08/2015 Lesa humanidad

Hace cinco años, Cristina presentaba "Papel Prensa, la verdad", el informe que originó la causa por delitos de lesa humanidad

La presidenta presentaba hace cinco años el informe "Papel Prensa, la Verdad", una investigación oficial que detalla la apropiación de esa empresa, propiedad de la familia Graiver, por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con funcionarios de la última dictadura cívico militar.

Por Leonardo Castillo



En base a ese informe, presentado el 24 de agosto de 2010 durante un acto en casa de Gobierno y elaborado por la Secretaría de Comercio que entonces encabezaba Guillermo Moreno, se inició una causa de lesa humanidad.

En ese expediente están imputados Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio del grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, principal autoridad del diario La Nación.

Además, están involucrados Marcos Peralta Ramos, por parte del diario La Razón; Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial de la última dictadura, y el empresario Guillermo Juan Gainza Paz, acusado de intermediar para desapoderar a los Graiver del paquete accionario de la empresa.

Debido a las demoras en esta causa, tramitada por el juez Julián Ercolini, cinco de los imputados (el dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez, el genocida Eduardo Emilio Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos) fallecieron sin haber prestado declaración.

"Los que piensan que queremos apoderarnos de Papel Prensa, lamento desilusionarlos. Se harán presentaciones judiciales en los estrados que correspondan para juzgar, porque creo en la división de poderes, sólo los jueces de la República pueden condenar", señaló la Presidenta al oficializar este informe.

Asimismo, la mandataria instruyó a la secretaría de Derechos Humanos, que entonces estaba a cargo de Eduardo Luis Duhalde, para que se presente como querellante en ese proceso.

Papel Prensa nació en los años '60 por iniciativa del grupo Cívita, que lideraban Luis Rey, César Doretti y César Cívita.
En 1973, este consorcio le vendió al empresario David Graiver parte de las acciones de esa firma proveedora de material para la impresión de diarios y revistas.

Graiver realizó otras adquisiciones sobre el capital de Papel Prensa hasta 1976, cuando murió en un misterioso accidente aéreo que tuvo lugar en Chilpancingo, México, país donde residía junto a su esposa, Lidia Papaleo.

Tras el fallecimiento de su marido, Lidia recibió presiones de presuntos miembros de Montoneros, quienes le reclamaron intereses de un fondo de 17 millones de dólares que el empresario había recibido, en 1974, de parte de esa organización.

La mujer decidió trasladarse a Buenos Aires y pedir protección del gobierno de Videla, que a través de diversos intermediarios, comenzó a presionarla para que el grupo Graiver vendiera sus activos, entre ellos, el paquete mayoritario de las acciones que la familia tenía en Papel Prensa.

El informe sostiene que después de diversas intimidaciones, los Graiver transfirieron sus acciones a FAPEL, una sociedad formada por Clarín, La Nación y La Razón.

La venta se pautó, en noviembre de 1976, en un millón de dólares, y FAPEL efectuó, de acuerdo a la documentación aportada por la Secretaría de Comercio, un primer y único pago de U$S 7.000.

Pero como consecuencia de la muerte de Graiver, los bienes del grupo se encontraban en sucesión, lo que representaba un obstáculo a la operación.

Entre marzo y abril de 1977, la dictadura puso en marcha la operación "Amigo", y secuestró a Lidia, Isidoro Graiver –hermano de David–, Rafael Ianover y al abogado Jorge Rubinstein, apoderado de la familia en la sucesión, que morirá durante las sesiones de torturas a las que estuvo sometido.

Los bienes de la familia fueron puestos a disposición de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), un organismo creado por la dictadura.

Tras quedar legalizados, los integrantes del grupo empresarial comenzaron a ser investigados por un consejo de guerra, en función de "sus vínculos con la subversión".

En mayo, el gobierno militar anunció la intervención provisoria en Papel Prensa y pasó a cogestionar la firma con los tres diarios.

En septiembre de 1977, Videla inauguró la planta productora de la empresa en un acto que contó con la presencia de Magnetto, Noble y Mitre.

Con graves secuelas físicas como producto de las torturas que padeció en los centros clandestinos en los que estuvo secuestrada, y tras estar detenida en la cárcel de Devoto, Lidia recuperó la libertad en 1982.

El presidente Raúl Alfonsín dispuso indemnizar a los Graiver. En 1988 el fiscal Ricardo Molinas emitió un dictamen en el que consignaba irregularidades y pedía investigar a Videla, Martínez de Hoz, Massera y otros funcionarios del régimen militar.
En los primeros meses de 1989, el juez Néstor Blondi declaró "extinguida la acción por prescripción" y cerró, sin más trámite, el expediente.

"Quiero dar un cauce a esta situación que lleva 33 años de manejo oscurantista", señaló la presidenta al dar a conocer este informe, compuesto por 27.000 fojas, a la vez que anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para declarar "de interés público" la producción de papel y la creación de una comisión bicameral para monitorear a la compañía.