20/01/2015 a 20 años del atentado

En el segundo semestre del año debería iniciarse el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA

A más de 20 años del atentado y a casi 15 años de iniciada la primera causa de encubrimiento, de seguir adelante la justicia con el pedido formulado en el mes de diciembre por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el juicio oral y público por el encubrimiento del atentando a la Amia debería tener su inicio en el segundo semestre de este año.


En los últimos días hábiles del año el propio Nisman presentó un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, solicitando que se adelante para el primer semestre de 2015 el inicio del juicio oral contra los acusados de encubrir el atentado, adelantando los plazos de un juicio, que según estimaciones, iba a dar inicio a los debates recién después de la segunda mitad del año.

En su momento, el fiscal especial para la Causa Amia, argumentó que "se encuentran cumplidas las condiciones procesales que permiten fijar una fecha próxima", pidiendo en ese marco que por la "relevancia" existía la "necesidad de adoptar una decisión definitiva".

Los acusados en el marco de esta causa son el ex juez Juan José Galeano por los delitos de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, junto al ex secretario de Inteligencia Alfredo Anzorreguy, por peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento público.

También aparecen imputados los ex fiscales Eamon, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el delito de peculado.

En la lista también aparece el ex presidente Carlos Menem por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad y el ex PFA y ex jefe de la Policía Metropolitana, José Alberto "el fino" Palacios por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba.

La lista se completa con el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar por encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica; y el ex PFA Carlos Antonio Castañeda por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica.

En el marco de la misma investigación, paralelamente, resta indagar a un grupo de secretarios del ex juez Galeano y al ex ministro menemista Carlos Corach, a quien se le revocó el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo.

La causa por encubrimiento del atentado a la AMIA se inició el 15 de febrero de 2000, a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz.

Antes de llegar a Lijo, la causa sufrió un largo parálisis cuando estuvo en manos del juez federal Claudio Bonadío, quien fue apartado en 2005.

Lijo lleva adelante la pesquisa por el encubrimiento, mientras que Rodolfo Canicoba Corral es quien investiga el atentado de 1994.
En lo que hace a esta última causa, la Cámara en lo Criminal Federal a principios de diciembre del año pasado había concedido una prórroga para que se complete la etapa de instrucción y se eleve a juicio la causa por el atentado.

Así, la Sala I de la Cámara concedió el pedido formulado por el juez Canicoba Corral a requerimiento de Nisman, instando a ambos a concluir la pesquisa dentro de un plazo de 90 días.

Como argumento del pedido de prórroga Nisman, sostuvo que estaba pendiente la agregación de prueba documental y el resultado de exhortos ordenados en la pesquisa por el ataque a la mutual judía, que provocó 85 muertos y centenares de heridos, además de multimillonarios daños materiales.

El Tribunal Oral Federal 3, luego de tres años de juicio, había absuelto a todos los procesados por el atentado, pero en mayo de 2009 la Corte Suprema de la Nación, a pedido de las querellas, anuló ese fallo y mandó reabrir la causa, en la que sindicado reducidor de rodados, Carlos Alberto Telleldín, figura como uno de los imputados.

La causa “principal” – también conocida como la de la “conexión local”- quedó entonces radicada ante Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en Nisman, en tanto que derivaciones del caso, como un supuesto “encubrimiento” e irregularidades en la investigación del atentado están a cargo del juez federal Ariel Lijo.