12/12/2014 aopoyo

Coalición de ONGs considera un "gran paso" la reforma del Código Procesal Penal

Los espacios agrupados en la Coalición por ONGs para la Reforma Procesal Penal consideraron que la nueva ley al respecto sancionada por el Congreso es "un gran paso para construir el sistema de justicia penal que marca nuestra Constitución" y que "salda una deuda histórica".

"El nuevo Código Procesal Penal recoge los antecedentes promovidos en todo el país y la región en los años de vida democrática y debería ser el primer paso para la elaboración de una respuesta institucional integral a algunos de los más grandes problemas del sistema de administración de justicia", señalaron.

Según destacaron a través de un comunicado, esta reforma "forma parte de los nuevos instrumentos que los sistemas democráticos necesitan para enfrentar con inteligencia, consistencia y -sin tirar por la borda la libertades públicas- los nuevos fenómenos criminales que sufre la sociedad".

"La reforma procesal penal nacional salda una deuda histórica de la justicia federal al reemplazar el sistema inquisitivo imperante en la actualidad por el que exige la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los DD.HH., y además significa un gran paso para el funcionamiento eficaz y democrático de la Justicia", consideraron.

Esta coalición está integrada por organizaciones como Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Asociación Pensamiento Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entre otras.

Además, expresaron su esperanza de que "todos los actores institucionales y políticos asuman el compromiso de llevar adelante el desafío de construir realmente el sistema de justicia penal que marca nuestra Constitución" y pidieron una "discusión seria y responsable, alejada de intereses coyunturales".

Igualmente, las ONGs advirtieron que "el texto del Código contiene algunos puntos problemáticos que deberían ser remediados previo a su puesta en vigencia", como "la limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil; una regulación limitada de la querella en casos colectivos; y la ambigüedad para decidir acerca del peligro de fuga para determinar la prisión preventiva", entre otros.