22/10/2014 Justicia

Resaltan las reformas procesales penales que ya fueron implementadas en la mayora de las provincias

La mayoría de las provincias y gran parte de América Latina ya optó por el modelo acusatorio para el procedimiento penal, tal como lo expresa el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que el Ejecutivo envió ayer al Senado, según un informe publicado en el portal Infojus Noticias.

En estos casos, es la fiscalía la que debe investigar en lugar del juez, a diferencia del modelo actual que rige a nivel federal y este sistema acumula críticas porque es lento y concentra todo el poder en el juez y es una de las reformas que propone el nuevo Código Procesal Penal que se debatirá en el Congreso.

Según detalla un informe publicado hoy, cada provincia tiene su Código Procesal Penal y en general han venido optando paulatinamente por el reemplazo regímenes procesales de fuerte contenido inquisitivo -heredados de los modelos coloniales- por uno donde el juez es el que tutela que se respeten las garantías constitucionales y  de defensa, mientras la investigación queda en manos del Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el informe destaca que los más nuevos son los de Santa Fe y Neuquén; se suman a éstos los de Chubut, Salta, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Catamarca y Mendoza, son los que más años de vigencia tienen.

Con respecto a estos códigos, se resalta que "se caracterizan por garantizar la oralidad durante todo el proceso, manejan formas alternativas en la resolución de conflictos y el fiscal tiene la opción de concentrarse en la investigación de delitos de mayor lesividad, pudiendo desestimar los que puedan resolverse de otro modo".

Por ejemplo, el fiscal Raúl Garzón, de Córdoba, que instruye las causas vinculadas a los saqueos que ocurrieron en la provincia como consecuencia del acuartelamiento de las fuerzas policiales, el 3 y 4 de diciembre pasado, resaltó las características del sistema procesal penal que en esa provincia rige desde 1998, cuando se pasó de un sistema mixto a uno “acusatorio puro”.

Entre las ventajas, destacó la instalación de Unidades dependientes de las fiscalías en cada comisaría, para la instrucción de los
sumarios y expresó que “cuando empezamos eran policías asignadas a cada fiscal, ahora entran por concurso y tienen formación en Derecho”, recalcó.

“Es un matiz importante, porque así debe comenzar un sumario y esa prueba puede ser incorporada luego en los fundamentos de la sentencia, algo que no ocurriría si la tomara un oficial de policía”, sostuvo Garzón.

En Neuquén, donde el sistema acusatorio se aprobó hace dos años y entró en vigencia en enero del presente, Leticia Lorenzo, secretaria de la Escuela de Capacitación del tribunal provincial, aseveró que “el mayor impacto estuvo en el Ministerio Público Fiscal que recibió todas las causas que están en instrucción, y también las elevadas a juicio para adecuarlas al nuevo sistema”.

Con la aplicación de este nuevo sistema, Lorenzo aseguró que “hemos tenido muchos más juicios que el año pasado”, y explicó que otros casos se resuelven sin llegar al debate oral.

A su vez, en Chubut el defensor general alterno de la Defensoría Pública, Alfredo Pérez Galimberti, destacó que “el 80% de los personas que están privadas de la libertad tienen condena",  y atribuyó la estadística a la rápida resolución de los conflictos que tramitan en la justicia penal provincial, donde la implementación de un nuevo código procesal penal en el año 2006 produjo un cambio importante, adecuando el modelo a las mandas constitucionales e internacionales.

“Antes los empleados de los juzgados que funcionaban como pequeños jueces”, adujo el defensor y aclaró que el juez lo que hacía era “firmar todos estos papeles”. Ahora, los jueces toman decisiones orales en las audiencias, “es imposible que deleguen en un escribiente la tarea jurisdiccional”, precisó Pérez Galimberti.