13/06/2014 tras la denuncia

Calificaron como "una violacin de los derechos humanos de menores" las fotos en la fiscala de Campagnoli

Las imágenes, tomadas sin que los involucrados lo supieran, fueron detectadas por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), encabezada por Abel Córdoba, y según se informó en una investigación publicada por Página 12, "las fotos eran utilizadas para inducir a víctimas de delitos que acudían a realizar una denuncia para que las reconocieran y, así, abrirles una causa".

La existencia de un álbum fotográfico con 1.500 imágenes de vecinos del barrio Mitre de Saavedra, que incluye a bebés y niños, hallado en el sistema informático del suspendido fiscal José Campagnoli, fue calificada hoy como "una barbaridad" y "una violación de los derechos humanos de menores".

En diálogo con Télam, Julián Axat, defensor público del fuero juvenil platense, actualmente de licencia y a cargo del área de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo), expresó que "estamos ante una violación de los derechos humanos de menores".

En ese sentido, expresó que "existen leyes que prohíben taxativamente la toma de imágenes, como la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 26.061, ya que en su artículo 22, referido al Derecho a la Dignidad, prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes de niños".

En 2005, la ONG CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) y la Asociación Miguel Bru hicieron una presentación ante la defensoría de Axat en la que se hacía mención a la utilización de las llamadas “carpetas de modus operandi” confeccionadas en comisarías bonaerenses.

A partir de ese hecho quedó prohibida la construcción de prontuarios de fotos en la provincia de Buenos Aires.

Con respecto a esas carpetas, Esteban Rodríguez, del CIAJ, explicó que "la estigmatización a través de los llamados albumes de malvivientes o modus operandi, reafirman una estigmatización de los sectores más vulnerables porque quienes están allí siempre son los jóvenes más humildes".

Además explicó que "vos tampoco sabes qué uso se le da a esas fotos y mucho menos tenés garantía de cómo y ante quien se va a exhibir, para nosotros debería ser siempre ante un funcionario público", y agregó que "lo más grave es que una vez que la foto de alguien está ahí, no la podes sacar, esto es: queda allí para siempre".

Asimismo Karina Valobra, integrante de la asociación civil bonaerense "Juguete Rabioso", que ofrece patrocinio gratuito a chicos privados de la libertad, aseguró que "el accionar de Campagnoli es una barbaridad porque lo que está haciendo es criminalizar la infancia".

"Más que chicos que afectan derechos, son chicos cuyos derechos están afectados", expresó Valobra.

Nora Schulman, directora ejecutiva del Casacidn (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño), expresó que "se trata de un tema de mucha gravedad porque nos las pasamos diciendo que no hay que exponer a niños en medios de comunicación y acá los esta exponiendo un fiscal de la Nación".

En diálogo con Télam, aseguró que desde ese organismo realizarán "una denuncia ante la Defensoría del Público" y además como integrantes del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai) llevaran "el tema a la AFSCA para que haya una resolución al respecto".

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, calificó como "una locura" el hallazgo de las imágenes y resaltó "sorprende la magnitud del álbum que han encontrado, está casi todo el barrio fotografiado".

"Sabíamos por testimonios de vecinos, por distintas situaciones, inclusive trabajadores de la fiscalía de la existencia de este álbum de fotos. Pero la verdad lo que sorprendió es la magnitud", reiteró el legislador.

Grosso ya había denunciado a Campagnoli cuando murió Alan Tapia, un adolescente de 19 años del Barrio Mitre que fue baleado por Pablo Valente, un policía federal del GEOF, durante el allanamiento instruído por Campagnoli, a su casa el 16 de febrero de 2012.

Grosso y el legislador Jorge Taiana, que encabezan la Campaña Contra la Violencia Institucional, y que participaron activamente en la denuncia por el crimen de Alan Tapia, presentaron una denuncia ante el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.

En esa presentación, Grosso y Taiana aportaban declaraciones de empleados de la fiscalía que denunciaban maltratos y entre los datos, ya había figuraba la descripción de un album de fotos.