31/01/2014 Discriminacin en la web

Una doctrina para (encender) la tribuna

Una noticia falsa publicada por el sitio web del diario La Nación sobre el supuesto corrimiento de la frontera boliviana-argentina motivó una catarata de comentarios xenófobos que aún pueden verse online. Lejos de ser un descuido, la decisión de no moderarlos indica que la centenaria "tribuna de doctrina" delega en sus lectores/usuarios las opiniones injuriantes que evita hacer propias.

Martiniano Nemirovsci

Por Martiniano Nemirovsci



La mentira, desmentida luego por Cancillería, llevó este título: "Corrieron la frontera con Bolivia y exigen trasladar a familias salteñas". La nota relata que 17 familias que habitan en unos 600 km cuadrados de territorio nacional no sólo recibieron órdenes de desalojo por parte de autoridades bolivianas, sino que fueron intimados a definir su situación de ciudadanía. La información fue difundida originalmente por el periódico salteño El Tribuno. La Nación la retomó, habilitó los comentarios y ofreció así el sitio de noticias con más tráfico web del país como soporte para un racismo que no tiene sentido reproducir.

La publicación de esa información no es ingenua: responde a la lógica de circular un tipo de contenidos explosivos con el objetivo político de encender la mecha del caos. Así, ante la xenofobia manifiesta de los comentarios publicados, La Nación podría haberlos cerrado. Pero no lo hizo.

En su "Reglamento para el uso de los espacios de participación de todo los sitios", La Nación prohíbe "utilizar lenguaje vulgar /obsceno, discriminatorio y/u ofensivo o que S.A. LA NACION considere inadecuado a su solo criterio y discreción" así como "publicar mensajes agraviantes, difamatorios, calumniosos, injuriosos, falsos, discriminatorios...", entre otras prohibiciones. ¿Debemos suponer que la discriminación manifiesta contra los ciudadanos bolivianos no resulta "inadecuada" para La Nación?

Al partir de una información falsa, le cabe al diario una doble (ir)responsabilidad: la de fogonear una discusión sobre un conflicto limítrofe inexistente y la de mantener publicadas gratuitamente las opiniones injuriosas.

"La publicación de esa información no es ingenua: responde a la lógica de circular un tipo de contenidos explosivos con el objetivo político de encender la mecha del caos. Así, ante la xenofobia manifiesta de los comentarios publicados, La Nación podría haberlos cerrado. Pero no lo hizo.”


La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza -como también lo hace la Constitución Nacional- el derecho a la libertad de expresión. En su Artículo 13º, establece que toda persona tiene derecho a "buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole". El ejercicio de ese derecho "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas."

Las expresiones vertidas por los comentaristas de La Nación vulneran, al menos, "la reputación de los demás". En este punto, cabe hacerse la pregunta: ¿Quién asume en este caso las "responsabilidades ulteriores"? ¿El diario o los comentaristas?

En Argentina, dichas responsabilidades no están reglamentadas. Aún así, la única jurisprudencia existente al respecto indica que la responsabilidad es del medio. En 2004, el sitio de turismo Jujuy.com permitió la publicación de un comentario que calificaba de adúltera a una mujer casada y lo mantuvo online pese a las quejas de la persona afectada. A raíz de ello, en el caso "Jujuy.com vs Omar Lozano", el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia estableció que dado el "carácter injurioso" de dichos mensajes, estaba "fuera de duda el daño moral que el mismo trae aparejado", y estableció que la responsabilidad por la publicación del comentario le cabía a los titulares del sitio.

En el plano internacional existen distintas posturas sobre el tema. Países de la Europa continental, como Francia, hacen recaer la responsabilidad sobre el medio. Otros, como Estados Unidos e Inglaterra, responsabilizan a los autores de los comentarios e incluso se dan casos en los que solicitan a los proveedores de Internet las direcciones de IP de los comentaristas para aplicarles sanciones. De una u otra forma, lo cierto es que el derecho a la libertad de expresión implica la existencia de una responsabilidad ulterior.

Mientras tanto, La Nación promueve el uso de nombres de fantasía ("nicknames") entre su comunidad de comentaristas, a quienes se encarga de brindarles el "input" necesario para que desde el anonimato exacerben la línea ideológica del diario.