16/11/2013 rechazo

El Ministerio de Justicia desmintió que existan “premios” en la Inspección General de Justicia

El Ministerio de Justicia desmintió una nota publicada por el diario La Nación en la que se señala que personal de la Inspección General de Justicia habría percibido un "polémico premio" de medio millón de pesos, al catalogar la versión como "terminante y manifiestamente falsa".

Desde la cartera que conduce Julio Alak afirmaron que, al contrario de lo publicado por La Nación, "los funcionarios involucrados integran la planta de la IGJ desde hace décadas y, como tantos otros que ascendieron a un cargo ejecutivo, percibieron las sumas adicionales correspondientes a la nueva función, muy inferiores a las señaladas.

En ese sentido, se señaló que Susana Graciela Junqueira, quien tiene una antigüedad de 24 años en el organismo y es mencionada en la nota de La Nación, "fue designada en el cargo de Directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ con carácter retroactivo al 1° de noviembre de 2012, razón por la cual percibió retroactivamente a esa fecha el adicional por función ejecutiva correspondiente a ese cago, de conformidad con lo establecido por el decreto 2098/08, que en el caso concreto alcanzó la suma total de 174.520,07 pesos netos".

A la vez, el comunicado ministerial detalló que en cuanto a la situación de Gerardo Ganly "se trata de un caso similar, toda vez que fue designado en el cargo de Director de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la IGJ, con carácter retroactivo a la misma fecha, razón por la que percibió un total de $ 271.000 en concepto de adicional por función ejecutiva y de la diferencia entre la letra que ostentaba con anterioridad y la correspondiente al cargo de Director".

"Se trata en ambos casos de expertos en sus áreas de competencia, con larga y destacada trayectoria en el organismo.

Junqueira integra la planta permanente del organismo, al que ingresó el 6 de agosto de 1979. Con anterioridad a su ascenso se desempeñaba a cargo del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Cuenta además con vasta experiencia docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como Profesora Adjunta Regular de la asignatura Sociedades Civiles y Comerciales", detallaron.

En cuanto a la antigüedad de su certificado de aptitud física, señala el comunicado, "el régimen de empleo público sólo lo exije al ingreso del personal, no al producirse ascensos u otros desplazamientos internos dentro de la carrera administrativa, por lo que carecen de sentido las dudas al respecto".

Por su parte, Gerardo Ganly "ingresó a la IGJ el 6 de agosto de 1989, donde primero fue contratado y más tarde pasó a integrar la planta transitoria. Con anterioridad al ascenso, se desempeñaba como Coordinador en el Área Especializada de Fiscalización y Denuncias dependiente de la Dirección de Entidades Civiles".

Según se explicó, "cuenta también con dilatada experiencia docente, con antecedentes en las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en la Universidad John F. Kennedy".

Por otra parte, y en lo que respecta a la situación de la Contadora Cecilia García y del doctor Ariel Fernández Lang, el texto señala que "se desempeñaron hasta marzo de 2013 en la IGJ con carácter de contratados".

"Anteriormente, a mediados de 2012 habían sido propuestos para integrar la planta transitoria del organismo por medio del correspondiente proyecto de Decreto Presidencial. En marzo de 2013 ambos renunciaron tanto al contrato que los ligaba a la IGJ como a la propuesta de nombramiento en la planta transitoria, razón por la cual su designación en tal carácter nunca se llevó a cabo", resalta el comunicado.

En consecuencia, desde la cartera de Justicia y derechos Humanos indicaron que "ninguno de los profesionales mencionados ha percibido ´premio´ de ninguna especie, sino el salario correspondiente a la función que ostentaron en el tiempo correspondiente".

"Por otra parte, ninguna de las personas mencionadas ha ejercido más de una función simultáneamente y, de ningún modo, han incurrido en situaciones laborales irregulares".

Por esa razón, se puntualizó que "es de lamentar que con semejante liviandad se pretenda poner en duda la rectitud y honorabilidad de profesionales de reconocida trayectoria y mérito, además de intentar desbaratar el prestigio de una institución más que centenarias".