18/07/2013 Espaa

Polmica por la militancia del presidente del Tribunal Constitucional espaol

El presidente del Tribunal Constitucional de España causó revuelo político en el país al admitir que era militante del gobernante Partido Popular (PP), después de que el diario El País revelara que pagó su cuota de afiliación hasta 2011, cuando ya había asumido su cargo.

A raíz de la polémica desatada por la información, que provocó estupor en las fuerzas opositoras, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos convocó a los miembros del pleno del alto tribunal para una reunión extraordinaria en la que reconoció su militancia en la fuerza derechista pero rechazó que vaya a dimitir.

El presidente del Constitucional, además, negó que siga pagando su cuota de afiliación y justificó la legalidad de su situación apelando a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que limita la incompatibilidad de magistrado con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos.

La Constitución española prohíbe a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos y exige “total independencia”

En su nota de portada, el diario El País informó hoy que el presidente del Tribunal Constitucional figura en la lista de afiliados del PP entre 2008 y 2011.

El periódico señala que la Constitución prohíbe a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos y exige “total independencia”.

Francisco Pérez de los Cobos “pagó cuotas de militantes en 2011 siendo ya magistrado del Constitucional y omitió su vínculo político cuando compareció en el Senado” en el momento de su designación el 29 de diciembre de 2010.

De acuerdo con el diario, su nombre aparece vinculado a un pago de 37,14 euros por año –la cuota mínima de los militantes de Barcelona- en un documento que forma parte del sumario sobre la Contabilidad B del PP, atribuida al ex tesorero Luis Bárcenas, encarcelado por corrupción.

El TC es el órgano supremo de interpretación de la Constitución española, el que resuelve sobre la constitucionalidad de una ley o en los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre los poderes constitucionales, entre otras competencias.

Muchas decisiones del TC son de carácter político, por lo que el hecho de que su presidente esté vinculado directamente a un partido anula el principio de independencia. 

Entre otras cuestiones, el Constitucional español debe resolver un recurso del gobierno contra Cataluña por su decisión de declararse soberana y querer celebrar una consulta independentista o la legalidad de la última reforma laboral del Ejecutivo del PP.

Tras publicarse la noticia, el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, defendió la legalidad del cargo de presidente del Constitucional con su militancia en el PP asegurando que el tribunal “no es el Poder Judicial”.

En su nota de portada, el diario El País informó que el presidente del Tribunal Constitucional figura en la lista de afiliados del PP entre 2008 y 2011

Asimismo, sostuvo que en el actual TC hay tres ex altos cargos de gobierno socialistas - no afiliados- "por lo que también podrá haber algún magistrado que nos sea del PSOE”.

“En este país, parece que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al PP”, aseguró a la prensa en el Congreso.

“No se puede ser militante de un partido y tener un cargo en el Constitucional. De ser legal, que es algo que no comparto, moral y éticamente no lo es”, aseguró por su parte la vocera del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso, Soraya Rodríguez, en declaraciones televisivas.

La diputada indicó que su grupo pedirá que Pérez de los Cobos comparezca en la Cámara para explicar por qué ocultó su condición de militante del PP cuando fue nombrado en su cargo.

Desde Izquierda Unida (IU), el diputado Gaspar Llamazares, afirmó que la información sobre el presidente del Constitucional supone “un escándalo”, y Pérez de los Cobos debe “dimitir”.

Los partidos nacionalistas catalanes y vascos, también censuraron que el presidente del Constitucional sea miembro del PP.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fue más lejos y dijo que prepara la recusación del presidente del Constitucional porque “no tiene autoridad para juzgar nada, ninguna causa en las que el gobierno tenga interés destacado”.

En tanto, desde Unión, Progreso y Democracia (UPyD, centroderecha), el diputado Carlos Martínez Gorriarán, sostuvo que la situación es “extraordinariamente grave” pero no es “nada extraño” lo ocurrido ya que el Constitucional lleva años “colonizado” por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP.

En un comunicado, el TC defendió a su presidente afirmando que el organismo se define como "una institución del Estado que, al igual que sus magistrados, no forma parte del Poder Judicial".

“El artículo 159.4 de la Constitución fija que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible, entre otros supuestos, `con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos`", dijo el órgano en la nota.

Pero subrayó que la jurisprudencia del TC –interpretando la Constitución y la ley orgánica del tribunal- no establece la incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales".