07/05/2013 Ciudad de Buenos Aires

Buscan crear el mbito para denunciar casos de violencia institucional

Diputados porteños y representantes de organizaciones gremiales y de derechos humanos presentaron en la Legislatura un proyecto para crear un Observatorio de Violencia Institucional que reciba las denuncias de estos abusos por parte del Estado para hacerlos visible, como el caso de la represión policial en el Borda.

La iniciativa fue propuesta en una conferencia de prensa en la Legislatura por Claudia Cesaroni, abogada del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos; María Elia Capella, del observatorio de Derechos Humanos; y Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado durante una protesta gremial.

Además, estuvieron presentes las legisladoras Claudia Neira, quien tomó la propuesta y le dio estado parlamentario; Gabriela Alegre y María Rachid; el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, Eduardo López; y el secretario de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad, Gustavo Sacco.

El Observatorio, de convertirse en ley, funcionará dentro de la Legislatura porteña, estará compuesto por un miembro de cada fuerza política que cuente con representación en el recinto, y tendrá la misión de recibir las denuncias de casos de violencia institucional.

Pero también buscará "constituir medidas de acción positivas para prevenir, perseguir y erradicar todas aquellas prácticas vinculadas con el abuso de poder”.

"La peor violencia es la ejercida desde el Estado que abusa de su poder", dijo Cesaroni al fundamentar la presentación y precisó que el Observatorio "seguirá los casos de violencia institucional que afecten a toda persona que transita por la Ciudad para conocer y trabajar sobre esas prácticas violatorias y hacer algo para que no vuelvan a suceder".

Pablo Ferreyra explicó que la presentación del Observatorio se adelantó en los tiempos previstos a raíz del "contexto de las últimas semanas, donde se vivió una feroz represión por parte de la Policía Metropolitana" y sostuvo que "esperamos que sirva para dar un punto final a la ausencia de protocolos en materia de seguridad".

Asimismo, definió al proyecto como “un aporte hecho por particulares y organismos de derechos humanos" para situaciones que se dan "en hospitales públicos, frente a la problemática del aborto no punible; o de abusos policiales, como en el caso del accionar de la Policía Metropolitana en el hospital Borda”.

La diputada Neira, que preside la Comisión Especial de Políticas Públicas para Ciudadanía Plena, por su parte destacó que “debe ser el propio Estado, a través de sus instituciones, quien debe asumir la responsabilidad de propiciar herramientas que permitan visibilizar y evitar estos hechos de violencia”.

Para la legisladora, “estos abusos no sólo se registran en forma de violencia física o policial, sino que el Gobierno de la Ciudad lleva adelante persecuciones y restricciones de derechos en el ámbito laboral que son también ejemplos de violencia institucional".

Al respecto, puntualizó que “el desconocimiento de juntas internas de ATE capital, los despidos de delegados, la presión y coacción en el ámbito laboral son formas de desarticulación de la organización, que construyen las bases de lo que para el gobierno del PRO deben ser el Estado y la Sociedad: individuos aislados en inferioridad de condiciones frente al poderío del Estado”.